Multas impuestas mediante control automatizado
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reconocido haber impuesto más de 1.800 sanciones de forma indebida a transportistas, pese a que estos circulaban correctamente durante los días con restricciones al tráfico. Así consta en la respuesta oficial del Gobierno a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Parlamentario de ERC, tras la denuncia presentada por Fenadismer, la federación nacional de asociaciones de transporte por carretera.
Según la información remitida al Congreso, la DGT utilizó exclusivamente cámaras fotográficas de control automatizadas para detectar y sancionar a los camiones que circulaban durante los días de restricciones, sin comprobar si estos vehículos estaban exceptuados de la prohibición. Este método provocó que se multara indiscriminadamente a transportistas que cumplían la normativa, una práctica que Fenadismer calificó de abusiva y reiterada.
La DGT admite oficialmente por primera vez la existencia de fallos en su sistema de vigilancia automatizada
La respuesta gubernamental detalla que, en lo que va de 2025, se han detectado 1.803 sanciones erróneas impuestas a través del sistema de lectura automatizada de matrículas, a pesar de que según la DGT se realiza un “posterior filtrado” de los vehículos registrados por los equipos de control.
A pesar del reconocimiento de estas sanciones indebidas, la DGT niega haber actuado de forma abusiva, argumentando que los transportistas afectados tienen la posibilidad de recurrir las multas y que el procedimiento sancionador “es garantista y permite las oportunas alegaciones”.
Esta respuesta ha sido valorada por el sector como insuficiente y contradictoria, ya que según Fenadismer, demuestra que el sistema actual vulnera las garantías legales y la presunción de inocencia de los conductores profesionales.
Fenadismer pide amparo al Defensor del Pueblo
Ante esta situación, Fenadismer mantiene su queja formal ante el Defensor del Pueblo, presentada el pasado mes de agosto, en la que denuncia la indefensión jurídica del colectivo de transportistas ante un sistema de control “automatizado, impreciso y carente de revisión humana previa”.
La federación reclama a la DGT que reforme sus procedimientos de control y que anule de oficio las sanciones impuestas de manera errónea, en lugar de obligar a los afectados a recurrir caso por caso.
Con este reconocimiento, la DGT admite oficialmente por primera vez la existencia de fallos en su sistema de vigilancia automatizada, un hecho que pone en cuestión la fiabilidad de los controles de tráfico aplicados al transporte profesional y abre el debate sobre la necesidad de reforzar las garantías legales en los procedimientos sancionadores.
