Una vez más, la Junta Directiva de Confebus se ha reunido por vía telemática, para analizar, entre otros temas, la nueva prórroga de los ERTES, prevista hasta el próximo 30 de septiembre, destacando el trabajo que se ha llevado a cabo desde Confebus, como miembro activo de CEOE y CEPYME, y gracias al apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), para que el transporte en autobús continúe beneficiándose como unos de los sectores más afectados por la pandemia. Un sector al que hay que seguir apoyando en los próximos meses, ya que la demanda de viajeros aún sigue siendo muy baja y no se espera que se recupere en su totalidad hasta finales de 2022.
Igualmente, se repasó la situación en la que se encuentran las ayudas pendientes para el sector, destacando la necesidad de conseguir que se agilicen los trámites para que estos fondos, tan necesarios para la supervivencia de las empresas de transporte en autobús, lleguen cuanto antes. Así, se explicó que siguen pendientes las ayudas directas para las empresas, cuyos fondos ya han sido transferidas a las CC.AA.; el nuevo fondo Covid para 2021 destinado a los servicios de transporte dependientes de las CC.AA.; las compensaciones para las entidades locales, que se espera que estén disponible antes del próximo mes de agosto; así como el reequilibrio económico de las concesiones estatales en 2021.
Al respecto, se recordó que este mes de mayo el INE ha publicado los datos de viajeros del pasado mes de marzo, con los que Confebus ha podido hacer la foto completa de los estragos que ha causado en el movimiento de viajeros un año completo de parón de actividad para frenar la expansión del Covid-19, de abril de 2020 a marzo de 2021. Así, se ha revelado que el transporte en autobús ha perdido en un año de pandemia, un total de 1.475 millones de viajeros respecto a ese mismo periodo anterior -abril 2019-marzo 2020, con 2.929 millones de viajeros-, lo que supone una caída del 52,6%.
Por modos, destacan los descensos en la larga distancia, con una caída del 89,7% y 34 millones de viajeros menos, y del discrecional con -86% y una pérdida de 162 millones de viajeros.
Asimismo, en este periodo el transporte urbano en autobús perdió casi un 50% de viajeros, con 876,3 millones de viajeros menos, las cercanías un 48,4% (-237,6 millones de viajeros) y la media distancia un 57,6% (-115 millones de viajeros). Por su parte, el transporte laboral cayó un 15% (-11,3 millones de viajeros) y el escolar un 21,3% (-39 millones de viajeros).
A pesar de estas malas cifras en el sector, que ha vivido una crisis sin precedentes, también se ha constatado el cambio de tendencia en la actividad que se ha producido en el primer fin de semana sin estado de alarma, en el que se ha empezado notar una activación de la demanda, confiando en que éste sea el inicio de la recuperación en todos los servicios.
Por otro lado, Confebus sigue trabajando para que el autobús quede exonerado de la tasa por uso para la red de carreteras que planea el Gobierno, ya que penalizaría a un sector que hace una importante contribución al desarrollo de la movilidad sostenible y una sustancial contribución a las arcas públicas de más de 1.550 millones de euros anuales. Además, se ha trasladado a la Administración que incrementar la elevada carga fiscal del sector, aplicando nuevas figuras impositivas a los operadores, desincentivaría el uso del transporte colectivo y otorgaría un tratamiento más favorable al vehículo privado, una clara contradicción con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de la Unión Europea y del propio ejecutivo español. Por otro lado, una medida como ésta nos haría perder competitividad como país turístico frente a nuestros principales competidores.
De la misma forma, también se ha solicitado al Gobierno que no se eliminen las bonificaciones al gasóleo profesional, ya que también penalizaría tanto al autobús, el modo más sostenible, como a los miles de usuarios diarios, que verían incrementado el precio del servicio. Al respecto, Confebus reitera la necesidad de mantener el régimen especial del que dispone el transporte profesional en la fiscalidad del gasóleo, que es fundamental para el transporte profesional y lo seguirá siendo aún cuando se lleven a cabo esfuerzos para la progresiva utilización de otros tipos de combustibles, como el gas, la electricidad o el hidrógeno, consideradas menos contaminantes.
Además, la Junta Directiva analizó la futura Ley Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, un importante proyecto normativo, que tendrá una gran afectación sobre nuestro sector y que se espera que sea presentado entre junio y julio. Desde el Mitma se plantean los siguientes ámbitos a regular como prioritarios para estructurar la futura norma: fiscalidad del transporte; financiación del transporte y otras subvenciones y ayudas al transporte; planificación y financiación de las infraestructuras de transporte; regulación para el fomento de la movilidad sostenible; regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible; investigación e innovación en transporte y movilidad; regulación de la logística y distribución urbana de mercancías; digitalización y automatización del transporte y datos abiertos; mejora de la competitividad del transporte y otras medidas sectoriales; así como los instrumentos para la gobernanza y participación pública.
En cuanto a la nueva Ley de cambio climático y transición energética, publicada hace unos días el BOE, CONFEBUS ha elaborado un informe sobre el impacto que ésta tendrá en el transporte en autobús, considerando que su tramitación no ha cumplido con la función de servir para potenciar aún más el transporte en autobús como herramienta estratégica clave para conseguir los objetivos pretendidos de lucha contra el cambio climático, siendo el autobús el modo de transporte que menos gases de efecto invernadero genera y con capacidad para sustituir a entre 14-30 vehículos privados de la carretera y evitar la emisión de 6,7 millones de toneladas de CO2. Por lo que ha podido saber la Confederación, esto se debe a que la tramitación y aprobación se ha sustentado sobre la base de que esta Ley se debe apoyar en otra de Movilidad Sostenible, puesto que se ha argumentado que el tema de la movilidad debe abordarse por separado y en una norma más ambiciosa y específica para fomentar cambios de mentalidad y cambios modales.
Finalmente, se revisaron los últimos informes elaborados por la Confederación en respuesta a consultas públicas sobre normativas de ámbito nacional y europeo, entre otros: el anteproyecto de ley que modifica la Directiva relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes; el proyecto de Real Decreto por el que se regula la interoperabilidad de los sistemas de peaje en las carreteras españolas; la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030; la revisión de la Directiva sobre el permiso de conducción; el marco para la nueva movilidad urbana; la revisión de las directrices de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), en particular, en materia de inversiones nacionales y de la UE en infraestructuras de transporte y de financiación específica en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» y otros regímenes pertinentes de la UE; o la consulta pública sobre la Hoja de Ruta para un nuevo marco de movilidad urbana lanzada por la Comisión Europea.
