El presidente del Patronato de la Fundación Corell, Miguel Ángel Ochoa, encargado de la apertura del evento, señaló que España parte de una fiscalidad “antigua” en un contexto totalmente nuevo y apuntó la necesidad de implementar “un modelo más justo y sostenible”. Según Ochoa, el pago por uso de las infraestructuras de movilidad terrestre ha de legislarse de forma “equitativa y sostenible”.
La Euroviñeta hace referencia al conjunto de regulaciones marcadas por la Unión Europea con la idea de establecer los criterios que los Estados Miembro pueden aplicar para decidir si se tarifica o no el uso de carreteras.En 2017 se produjo una propuesta de modificación de esta directiva donde se planteaba, entre otras cuestiones, la idoneidad de que esta tarifa se aplicase solo en vehículos pesados y no en los ligeros.
6,7 millones de toneladas de CO2 que se hubieran emitido si los usuarios del autobús lo hubieran hecho en sus vehículos particulares
Para José́ Manuel Vassallo, catedrático y director del Departamento de Ingeniería Civil, que también participó en la jornada, esta situación genera ciertos problemas sobre los transportistas puesto que “redundan en pérdidas en el corto-medio plazo dado que la carretera la paga el transportista vía reducciones de salarios y beneficios”.Este perjuicio al transporte profesional no es nuevo. Así lo indicó Miguel Ángel Ochoa al recordar otras “meteduras de pata legislativas” en la fiscalidad del transporte como “el céntimo sanitario”. Por ello, para evitar reiterar errores del pasado, la totalidad de los ponentes de la jornada coincidieron en su oposición a la Euroviñeta y señalaron la ausencia de respuestas por parte de las Administraciones públicas.
Confebus considera que se debería eximir al autobús por su importante contribución a la movilidad sostenible
La jornada también contó con la participación de Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, quien señaló que “no tiene sentido que medidas como ésta se apliquen al autobús, que contribuye de manera esencial tanto a la movilidad sostenible como al turismo, principal industria de nuestro país”.Además de la sustancial contribución de este sector a las arcas públicas (más de 1.550 M€/año), incrementar la elevada carga fiscal que ya soporta desincentivaría el uso del transporte colectivo y otorgaría un tratamiento más favorable al vehículo privado, una clara contradicción con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de la Unión Europea y del propio ejecutivo español.
Por otro lado, el autobús es un pilar fundamental para hacer frente a los nuevos retos y desafíos que se plantean en relación con la movilidad, el cambio climático, la descongestión y la calidad del aire, así como con la cohesión y el equilibrio territorial, ya que gracias a su capilaridad y tupida red de conexiones permite conectar a más de 8.000 poblaciones españolas diariamente.
Las empresas de transporte de viajeros por carretera son esenciales, ya que garantizan el derecho a la movilidad de millones de ciudadanos cada día y el desarrollo económico en buena parte del país, asegurando el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y contribuyen de manera decidida al desarrollo de la principal industria de nuestro país, el Turismo, permitiendo la movilidad de los turistas por todo el territorio.
En los últimos cinco años previos a la pandemia del Covid-19, más de 14.600 millones de viajeros han utilizado este modo de transporte, por lo que con estas nuevas tasas no solo se penalizaría al sector, sino también a los miles de usuarios diarios del mismo, que verían incrementado el precio del servicio.Por otra parte, en el plano medioambiental, se trata del modo de transporte que menos gases de efecto invernadero genera y es únicamente responsable del 0,42% del total de las emisiones de CO2 del transporte por carretera en España, por lo que las externalidades negativas asociadas al transporte por carretera en su conjunto, no les corresponden.
Además, el autobús evita la emisión de 6,7 millones de toneladas de CO2 que se hubieran emitido si los usuarios del autobús lo hubieran hecho en sus vehículos particulares. En este sentido, si la promoción del autobús lograra una captación del 20% de los usuarios del vehículo privado, las emisiones de CO2 se reducirían en 917.000 Tm, de forma que el uso del autobús supondría un ahorro de 1.287 millones de litros de combustible.
