Scania ha emitido un comunicado en el que, en primer lugar, hace un poco de balance de la situación. Recuerda que “el 27 de septiembre de 2017, la Comisión Europea adoptó una decisión por la que se condenaba a Scania a pagar una multa superior a los 880 millones de euros, por haber participado supuestamente en intercambios de información inadecuados y en colusión con otros fabricantes de camiones europeos en relación con los precios y la introducción de tecnologías de emisiones durante el período comprendido entre 1997 y 2011”.
Hace poco más de dos meses, Scania ratificó a NEXOTRANS su negativa a reconocer esa presunta participación en el cártel, anunciando el recurso que ahora se lleva a cabo
Esa cantidad se sumaba a la impuesta como sanción al resto de fabricantes, que en su conjunto rondaba los 4.000 millones de euros. Sin embargo, desde el primero momento, Scania defendió su inocencia. Ese mismo año, elevó el primer recurso ante el Tribunal General, aunque el pasado día 2 de febrero de 2022, este Tribunal General “dictó una sentencia que confirmaba las conclusiones de la Comisión de la UE contra Scania, desestimaba totalmente el recurso de Scania y confirmaba el importe de las multas fijado por la Comisión de la UE”.
Ningún acuerdo
No obstante, el fabricante sueco no está conforme con “las conclusiones de la Comisión de la UE, confirmadas posteriormente por el Tribunal General, y mantiene que la empresa no celebró ningún acuerdo paneuropeo con otros fabricantes en materia de precios, ni actuó en connivencia para retrasar la introducción de nuevos motores conformes con la legislación de la UE sobre emisiones de gases de escape”.
Tanto es así, que el pasado 8 de abril de 2022 ha presentado un nuevo recurso contra la sentencia del Tribunal General, en este caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la última instancia judicial a la que se puede recurrir.
