El pasado martes se votó en el Pleno del Congreso a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, registrada por el PSOE y UP en julio, que contempla un nuevo gravamen para las compañías energéticas.
Iniciativa negativa en un sector que compite internacionalmente
A raíz de la inscripción del proyecto de ley, la AOP ha expresado reservas sobre la iniciativa, advirtiendo que es arbitraria y discriminatoria, y reiterando la necesidad de un marco legal estable. La AOP insistió en rechazar el nuevo impuesto antes del trámite parlamentario, lamentablemente no contando con la aportación del sector para realizar la iniciativa, y pidió a la UE que finalmente acceda a la propuesta en la materia, a la espera de garantizar una actuación coordinada en el mercado energético europeo y evitar grave perjuicio para la competitividad española de la industria. Las razones de la negativa de la AOP son que el impuesto carece de utilidad para el fin previsto, no está alineado con las realidades de la industria y es inconsistente con el marco legal, fiscal y económico de nuestro país. " Es importante destacar, en esta línea, que las empresas del sector de refino que forman parte de esta Asociación son conscientes de su compromiso con la sociedad y de las especiales circunstancias que concurren. Lo pusieron de manifiesto durante la pandemia, manteniendo operativas refinerías y estaciones de servicio para cubrir la demanda de un servicio esencial y lo han reiterado en el actual contexto de precios energéticos elevados, ofreciendo descuentos adicionales a la bonificación pública para aliviar el esfuerzo de los ciudadanos".
AOP se pronuncia
En primer lugar, existe una clara desconexión entre lo que se pretende gravar y lo que está sujeto a impuestos. AOP reitera que el impuesto no grava los beneficios, y mucho menos los excepcionales, sino la totalidad de la facturación de la empresa, que evidentemente puede ser muy elevada incluso en el caso de pérdidas. Dadas las utilidades de ciertos negocios y operaciones de la industria, el impuesto se pierde claramente porque recae sobre utilidades inexistentes o es inferior al impuesto mismo.
Además, en los términos propuestos, el impuesto propuesto no es progresivo en absoluto, porque la forma en que se gravan las utilidades no es que a mayor utilidad mayor sea el monto pagado. De hecho, gravar las facturas es inherentemente regresivo, creando un riesgo de pago incluso si la empresa no recibe ningún beneficio, violando el principio de capacidad económica. En relación con esto, también creemos que es importante evitar la discriminación contra los operadores de la misma industria. También hay que recordar que, para respetar un mínimo sentido de justicia y capacidad económica, es realmente extraordinario que sea imposible gravar las llamadas altas ganancias en 2022 sin considerar pérdidas y consecuencias. La industria sufrió pérdidas en 2020 y 2021. El sector del refino no cuenta con unas tarifas reguladas, sino que está sometido a la competencia internacional y sus beneficios son cíclicos, ya que responden a las condiciones del mercado y a unas inversiones realizadas a riesgo, sin rentabilidad asegurada.
En segundo lugar, el planteamiento del nuevo impuesto ignora, por ejemplo, que en el caso de la refinación de petróleo, determinados impuestos o ingresos por la venta de actividades distintas a la energía (como la química) u otros productos forman parte de la facturación. (productos de aceite); o productos cuyos precios puedan ser regulados administrativamente, como la venta de gas natural licuado (GLP), o rentas obtenidas y gravadas en otros países, como sucursales o establecimientos permanentes en el exterior.
En tercer lugar, el nuevo impuesto afecta claramente el derecho fundamental de la libre empresa, prohíbe claramente el cambio de impuestos y altera ilegalmente la competencia en el mercado. Al final, la AOP destacó el fracaso de este régimen fiscal, ya que la asociación y sus miembros nunca fueron tratados, a pesar de su constante colaboración con el gobierno español para evaluar la dinámica del plan de contingencia. Además, AOP en ese momento señaló la inconveniencia de esta iniciativa, que el presidente de la administración anunció durante el debate sobre el estado del país, no como un proyecto de ley para el ejecutivo, sino como un proyecto de ley en el parlamento.
Desde AOP informan que "A este respecto, debemos recordar que, mientras que en Europa se han cerrado refinerías y el continente perdía el 9% de su capacidad de refino, en España las compañías asociadas hicieron un intenso esfuerzo e invirtieron casi 7.000 millones de euros para que las refinerías tuvieran más capacidad de conversión y flexibilidad. Como consecuencia de esa inversión, hoy en España está garantizado el suministro, gracias a nuestra capacidad de sustituir el crudo ruso por otros de distintas procedencias y calidades. Además, España es exportadora neta de gasolina y gasóleo, una situación muy diferente a la de otros países europeos".
Los recursos de la compañía también son un activo importante para seguir invirtiendo en la transición a la descarbonización de la industria para lograr la neutralidad de emisiones, a pesar de la continua incertidumbre regulatoria al respecto y la esperada profundización de nuevos impuestos.
