La jornada fue inaugurada por la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, quien destacó “la importancia del Sector como palanca económica y mecanismo para incrementar la descarbonización y la movilidad”, apuntando que “uno de cada dos viajeros lo eligen como modo de transporte”.
Como desafíos a los que se enfrenta el Sector, resaltó “el de superar el impacto de las dos crisis (sanitaria y energética), la competencia con el ferrocarril (aprovechando las oportunidades que concede la intermodalidad) y la digitalización”, todo ello en favor de un Sector “más asequible, digital y cómodo. El transporte de viajeros es una de las principales preocupaciones de la CNMC, uno de los sectores donde menos hemos explotado las posibilidades de la competencia y donde nos queda mucho por hacer”.
Se quiere politizar este asunto por parte de algunas Autonomías
En cuanto al estudio, la CNMC ha pretendido analizar las debilidades e ineficiencias del sistema concesional actual, realizando un informe cuantitativo, una comparativa internacional y formulando una serie de recomendaciones.
Entre las ineficiencias, se pone el acento sobre la existencia de una gran margen de mejora, en que el 52% de las concesiones estaban caducadas en 2019, que muchas superaban los 10 años de media, que la competencia es limitada y que existe falta de información y flexibilidad en la prestación del servicio. A entender de la CNMC, una liberalización incrementaría la calidad, la frecuencia y bajaría los precios para los usuarios, poniendo como ejemplo lo sucedido en otros países como Francia, Alemania o Italia.
Con todo ello, la Comisión apuesta por liberalizar todos los servicios por encima de los 100 km, mejorar las condiciones de los pliegos actuales, realizar una gestión adecuada de las concesiones restantes y mitigar en lo posible las ineficiencias del sistema.
Mesa redonda
Con el debate llegó la discrepancia. Por otra parte, esto es lo pretendido: abordar el asunto desde todos los puntos de vista posibles.
El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, defendió el modelo concesional como “el único capaz de garantizar la movilidad, como servicio público esencial, constatando que “se trata de un sistema que funciona y que, si bien tiene margen de mejora, ha conseguido que seamos el país de Europa con la red de transporte de viajeros por carretera más desarrollada y con más capilaridad, que comunica diariamente a más de 8.000 municipios, muchos de ellos en la llamada `España Vaciada´”.
Barbadillo mencionó que “en otros países hemos visto los efectos de la liberalización. Primero descendieron los precios y, posteriormente, cuando unas cuantas empresas ya se habían hecho con la mayoría de los tráficos, esos precios crecieron”. Incluso en Reino Unido, se revirtió el proceso de liberalización para volver al modelo concesional.
El presidente de la Confederación se cuestionó “quién cubriría las rentas de las líneas menos rentables”, añadiendo que “si la sanidad, la educación o la televisión pública la pagamos entre todos, el transporte también, no solo quienes lo utilicen”, reconociendo que el modelo tiene mucho margen de mejora”.
Para finalizar su intervención, Barbadillo hizo referencia a la oportunidad que puede suponer la futura Ley de Movilidad Sostenible en cuanto a garantizar la financiación del transporte público, que no debe limitarse solo al ámbito urbano y metropolitano y que debe ampliarse a todo el sistema de la movilidad, incluyendo los transportes interurbanos de media y larga distancia.
La posición de Anetra
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) volvió a redundar, por medio de su vicepresidente, Alejandro Canals, en que el actual sistema concesional “es demasiado rígido y poco eficaz, y distorsiona la apertura a la competencia, limitando la calidad y el precio del servicio del transporte de viajeros por carretera”.
Canals abundó en que la importancia que el transporte de viajeros por carretera tiene como “eje vertebrador” de la movilidad del país se encuentra con “el déficit” del sistema concesional, exponiendo que supone “una excesiva rigidez que perjudica la competencia y no permite la entrada de nuevos operadores. Se tiene en cuenta la demanda de viajeros, pero no su evolución a lo largo del plazo de la concesión, y lo mismo sucede con los costes”.
Entiende Canals que el régimen concesional “genera la licitación de grandes lotes que favorecen y dan ventaja a los grandes operadores”, y el discrecional “cada vez cuenta con menos ventajas para operar”, añadiendo que “en aquellas líneas que no sean rentables o que no haya interesados”, es donde puede intervenir la Administración directamente con Obligación de Servicio Público (OSP). El vicepresidente también denunció que, en ocasiones, algunos concesionarios utilizar los vehículos adscritos a esa concesión para otros servicios, algo con lo que Barbadillo manifestó no estar de acuerdo.
No obstante, para Anetra, en este momento donde se está debatiendo la nueva Ley de Movilidad Sostenible y el Nuevo Mapa Concesional, es “también muy importante” llevar a cabo una nueva lectura de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), que se adapte a las exigencias que requiere la nueva movilidad.
La tercera opinión en la mesa redonda fue la de Javier Asensio, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien se ha mostrado muy favorable a la liberalización del Sector. “El Sector funciona”, argumentó, pero “es imposible abrir nuevas rutas, por lo que se limita la innovación”, además de que existe gran rigidez en los servicios y “a unos precios más altos de lo que deberían” por causa de las subvenciones cruzadas entre líneas rentables y las que no lo son.
A este respecto, mencionó que “esos sobrecostes del billete lo pagan los usuarios, que además suelen ser de rentas más bajas”, cuando a su juicio se debería abordar la cuestión por la vía de los impuestos”, algo que requeriría una revisión de la normativa actual.
Clausura y novedades
La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, clausuró la jornada, asegurando que desde el Ministerio trabajan en un nuevo mapa concesional “coordinado con las Administraciones autonómicas, con las que tenemos la puerta abierta al diálogo” para encontrar “las sinergias que permitan mejorar la calidad y la eficiencia del sistema, así como satisfacer toda la demanda”.
Pardo de Vera reiteró su intención de conseguir un sistema “reforzado y más leal, coordinado y con mecanismos de compensación, para que ningún ciudadano pierda su movilidad”, todo ello “a pesar de que se quiere politizar este asunto por parte de algunas Autonomías”.
En su intervención, la secretaria de Estado dejó la puerta abierta a ir “paulatinamente introduciendo la liberalización de algunos recorridos por encima de los 100 km, pero es difícil”, apuntando que “la Ley de Movilidad Sostenible podría ser el marco adecuado”. Del mismo modo, avanzó que en breve se llevará a cabo por parte del Ministerio una consulta a todos los operadores acerca de la competencia y las OSP, a fin “de conocer su opinión, la cual apoyará un posterior y exhaustivo estudio”.
