Comparecencia de Jose Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, ante la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, el pasado 20 de marzo. “Quiero destacar los cuatro grandes retos que debemos afrontar. El primero de ellos es el reto social. Está claro que la movilidad es esencial para el funcionamiento de la sociedad, que condiciona toda nuestra actividad, tanto nuestros desplazamientos cotidianos como el funcionamiento de la actividad económica. Cada vez más se relacionan las oportunidades de movilidad de las personas con sus oportunidades de progreso social y económico, ya que la movilidad puede condicionar el acceso a la educación, a los servicios públicos básicos, al trabajo, el abastecimiento de fábricas y empresas, que los bienes de consumo lleguen a nuestro barrio y a nuestras casas. Por tanto, hay un reto social que debemos atender ya que la movilidad impacta de manera relevante en la calidad de vida de las personas y (quisiera subrayarlo) en la igualdad de oportunidades, como he indicado. También la necesidad de dar respuesta a los retos demográficos requiere la adaptación del sistema de transporte, porque la acumulación creciente de población en las grandes ciudades causa problemas de congestión y hace más complicado atender a la demanda cada vez más dispersa de zonas rurales o de escasa densidad de población. Descarbonización El segundo reto es el ambiental. Sabemos que el Transporte es el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero produce, aproximadamente un tercio del total, y que además los altos niveles de emisión y concentración tanto de gases como de partículas que se producen normalmente en los entornos urbanos ponen en riesgo la salud de las personas. Las cifras son elocuentes y a la vez preocupantes. La Agencia Europea de Medio Ambiente habla de 35.000 muertes prematuras cada año en nuestro país por este motivo. Por tanto, la urgencia climática y de salud pública exigen la adaptación del sistema de transporte hacia una movilidad limpia, menos vinculada a la utilización del vehículo privado y a la necesidad de avanzar en la descarbonización de la actividad del transporte para conseguir la descarbonización de la economía en su conjunto y alcanzar así los objetivos de los acuerdos de París. ‘Las nuevas tecnologías son la gran oportunidad para transformar la movilidad’ En tercer lugar, tenemos el reto de la digitalización. Las nuevas tecnologías son la gran oportunidad para transformar la movilidad, siendo necesario adaptar el marco jurídico para poner estas herramientas al servicio de las personas y de la eficiencia de todo el sistema con el fin de poder ofrecer mejores servicios. Y, en cuarto lugar, el reto que tenemos que afrontar es el de garantizar que las inversiones públicas se centran en aquello que genera un mayor valor social; avanzar en la toma de decisiones basadas en datos y en evidencias; fomentar las instituciones confiables y la participación ciudadana, y mejorar la justificación de las decisiones adoptadas por las Administraciones garantizando la transparencia y la rendición de cuentas”. Por otra parte, no podemos olvidar que cuando hablamos de movilidad y transporte hablamos de un sector de gran complejidad en su gobernanza. Tiene efectos transversales en otras políticas -la energética, la ambiental, el turismo-; todas las administraciones participamos en su gestión -el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos e incluso la Unión Europea- y en el que, por tanto, hemos de colaborar también con las empresas, la industria, los operadores, las asociaciones, los usuarios, la sociedad en su conjunto, para poder afrontar todos los retos que tenemos por delante. Esta ley tiene como finalidad constituir el marco normativo que permita que las políticas públicas de transporte y movilidad de las administraciones en España respondan mejor a las necesidades reales de los ciudadanos y a los retos actuales. Con ello se quiere impulsar de forma decisiva el transporte y la movilidad sostenibles,
