El proceso de planificación y construcción de las infraestructuras de competencia estatal en el ámbito del transporte se ve beneficiado por una serie de herramientas contempladas en la ley. Una de estas herramientas es la obligación de contar con un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en materia de Movilidad. El secretario de Estado ha relacionado esta herramienta con la necesidad de trabajar en un acuerdo nacional sobre infraestructuras, que establezca criterios estables para su desarrollo, sin importar el partido político en el poder. Esta postura ha sido defendida por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
Financiación en nuevas formas
Otros instrumentos como el Fondo Social para el Clima, que dispondrá de aproximadamente 7.000 millones de euros solo en nuestro país, o los ingresos derivados del comercio de emisiones regulado en el reciente Fit For55, permitirán explorar la financiación para la descarbonización del sector o la protección social de usuarios vulnerables del transporte. El secretario de Estado ha explicado que la ley establece los mecanismos necesarios para mejorar la financiación al transporte urbano.
La ley también recoge la posibilidad de financiar más allá del ámbito urbano, abriendo la puerta a contribuir al sostenimiento de servicios de transporte o movilidad vinculados a territorios que enfrentan el reto demográfico, además.
La ley tiene cuatro pilares fundamentales:
El marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI, como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial, será constituido por la futura ley.
La norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo. Además, se fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados. La digitalización y el intercambio de datos ayudarán, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones. En cuatro pilares se sustenta el nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país.
Por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a alcanzar el Estado del Bienestar. Se espera que la movilidad sea accesible e inclusiva, brindando soluciones para todas las personas. Para garantizar este derecho, las administraciones deberán trabajar de manera coordinada, prestando especial atención a las necesidades de movilidad diaria de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que viven en zonas rurales. Además, se destaca la importancia estratégica del transporte de mercancías como base de la actividad económica del país.
"El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire. Esto significa que es necesario limpiar y sanear el transporte." Priorizar la movilidad activa (caminar, ir en bici) y un transporte público colectivo accesible y asequible para todas las personas es el objetivo buscado. Se promueven alternativas atractivas al vehículo privado, como sistemas de transporte público a la demanda y sistemas de movilidad colaborativa o compartida, según lo establecido por la Ley.
Se busca, además, reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones reguladas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La posibilidad de establecer una tasa por la circulación de vehículos en estas áreas está abierta gracias a esta ley. Para poder crear dicha tasa, se requiere una autorización legal que garantice condiciones uniformes en todo el territorio. Cada municipio tendrá la libertad de decidir si implementa o no esta tasa.
La creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) es parte de un sistema digital e innovador. En este espacio, las empresas de transporte, los gestores de infraestructuras y las administraciones compartirán sus datos. Esto permitirá a todos los actores optimizar la toma de decisiones al planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.
Se incluirán herramientas en la Ley para facilitar la innovación, como la creación de un sandbox de movilidad. Este sandbox permitirá probar soluciones innovadoras de movilidad en un espacio controlado de pruebas y facilitará su llegada al mercado. Además, la Ley recogerá los principios que las administraciones deberán seguir para regular y promocionar la introducción de vehículos autónomos en todos los modos. Estos principios priorizarán la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentarán la colaboración público-privada. En el caso específico de los automóviles autónomos, el texto establece la creación de una ventanilla única. Esta ventanilla única facilitará que se realicen pruebas en vías públicas.
El cuarto pilar de la Ley se centra en mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como en fomentar una mayor participación pública. Se incluyen nuevas herramientas que permiten esto. La Ley incorpora muchas de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos. Establece análisis ex ante y ex post para garantizar la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, así como mecanismos para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.
Se presenta el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible
La cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, es esencial para lograr estos objetivos y establecer una política de transportes y movilidad que coloque al ciudadano en el centro de la esfera de la movilidad. Con el fin de facilitar esta coordinación, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible.
El Foro Administrativo de Movilidad Sostenible es uno de los instrumentos que conforman este sistema. También está el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, un órgano consultivo que facilita la cooperación entre las administraciones, el sector y los usuarios. Además, se encuentra el EDIM, un instrumento digital que garantiza la compartición de datos sobre la movilidad. Por último, se cuenta con el DOMOS, un documento estratégico que orienta la planificación de una movilidad sostenible y que ha sido elaborado de forma coordinada por todas las administraciones.
