Los últimos análisis del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) han encendido las alarmas entre los defensores del medio ambiente y la movilidad sostenible. A pesar de que el documento perfila ambiciosos objetivos de reducción de emisiones, el camino elegido por el Gobierno español incluye una serie de decisiones que podrían comprometer seriamente la descarbonización real del transporte.
Entre las medidas contempladas, destaca la intención de alimentar parte de la flota de camiones con biometano de aquí a 2030. Esta estrategia, aunque en apariencia sostenible, resulta problemática. Según Transport & Environment (T&E), organización europea especializada en movilidad limpia, los residuos urbanos disponibles en España no bastan para producir biometano a gran escala, lo que podría fomentar el uso de cultivos que suponen un alto riesgo de deforestación.
Además, el número de camiones propulsados por gas vendidos en el país —600 unidades solo en 2021— podría dispararse si esta tecnología queda respaldada por el plan energético. T&E lo ve claro: la electrificación total de camiones, autobuses y autocares debe ser la prioridad, ya que ofrece mejores garantías para reducir emisiones y cumplir con los compromisos climáticos.
GNL en el transporte marítimo: una apuesta de alto riesgo
La preocupación no termina en la carretera. En el transporte marítimo, el plan de España contempla seguir apostando por el gas natural licuado (GNL), una decisión que, en opinión de T&E, condenaría al país a desarrollar infraestructuras costosas y con fecha de caducidad. A diferencia de los combustibles ecológicos del futuro, como el electroamoniaco o el electrometanol, el GNL emite incluso más CO₂ que el fuel tradicional y su desarrollo compromete la flexibilidad futura de los puertos.
“Los planes españoles para descarbonizar barcos y camiones se basan en el tipo de energía equivocado”, lamenta Carlos Rico, policy officer de T&E España. “Necesitamos más camiones eléctricos y más inversión en combustibles verdes, no más gas ni biocombustibles con impacto ambiental”.
Electromovilidad: lento avance, grandes desafíos
El análisis también pone en evidencia que España se está quedando atrás en el despliegue del coche eléctrico. Mientras que el objetivo oficial del Gobierno es tener 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación en 2030, las cifras actuales no son alentadoras: solo un 5% de los coches vendidos en la primera mitad de 2023 eran eléctricos, frente al 13% de la media europea.
T&E estima que, de seguir así, apenas se alcanzará un 48% de ventas de eléctricos en 2030, lejos del 80% que se considera necesario. Para cerrar esta brecha, propone medidas concretas: objetivos de cero emisiones para flotas de empresa, mayores incentivos fiscales y un plan de leasing social que permitiría a hogares con menos recursos acceder a vehículos eléctricos por tan solo 90 euros al mes.
Ambición climática con matices
Pese a las sombras, el PNIEC prevé una reducción notable de emisiones para 2030, que permitiría a España superar los requisitos de la legislación europea. También es positivo el compromiso de eliminar progresivamente los biocarburantes procedentes de soja y palma, aunque T&E insiste en que esta intención debe convertirse en ley para garantizar su cumplimiento.
El país, advierte el informe, sigue siendo uno de los mayores consumidores de aceite de palma de la UE, y su apuesta por el aceite de cocina usado (UCO) como sustituto no está exenta de controversia, dada la alta incidencia de fraudes relacionados en Europa.
Conclusión: electrificar, no parchear
En palabras de Carlos Rico: “España debe actuar con decisión, dejar de lado los parches y comprometerse con tecnologías limpias, sostenibles y probadas. La electrificación es el camino, no solo para cumplir metas, sino para proteger el futuro de las próximas generaciones”.
El reto es grande, pero el margen aún existe. Las decisiones que se tomen hoy marcarán el rumbo energético y medioambiental del país durante décadas.
