Además, puede incorporar localización geográfica tridimensional, tipo de colisión, posición, violencia de la colisión; dirección o trayectoria del vehículo.
La Comisión Europea está intentando que los fabricantes de vehículos incorporen este sistema de seguridad de serie en los vehículos nuevos de forma voluntaria. Para ello ha establecido como plazo el final de 2009. De no producirse este acuerdo voluntario se propondrá la aprobación de un reglamento que exigirá a los 27 países miembros de la Unión Europea la adopción de medidas para que el eCall sea equipamiento de serie en los vehículos nuevos homologados en Europa. De esta manera se persigue también abaratar el coste para garantizar su implantación en todos los países europeos.
Reducción de los tiempos de respuesta
En Europa se producen al año más de 1,2 millones de accidentes que requieren asistencia médica, y muchos más que precisan de otros tipos de asistencia. En algunos casos los ocupantes del automóvil se encuentran conmocionados, no saben donde están, son incapaces de comunicarse o no aciertan a utilizar un teléfono móvil. En todas estas situaciones eCall puede reducir drásticamente los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, salvar vidas y reducir la gravedad de las lesiones.
Se considera que, si se implanta íntegramente en Europa, el sistema de llamada de emergencia desde el vehículo se podrían salvar hasta 2 500 vidas al año, reducir la gravedad de las lesiones, aportar a la sociedad un ahorro importante en costes de asistencia sanitaria y reducir el sufrimiento de las personas.
Según la publicación de la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) ‘La llamada automática de emergencia eCall y las evidencias científicas de su eficacia’, con la implantación y generalización de este sistema, en España se podrían salvar al año unas 300 víctimas mortales. También se estima que entre 2.600 y 4.000 heridos graves pasarían a ser leves.
Por otra parte, el beneficio económico del eCall en España se sitúa entre 560 y 2.300 millones de euros, que correspondería a los gastos derivados del tratamiento de los heridos y de otros conceptos asociados a los accidentes.
