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El Gobierno aprueba los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia financiados por el Estado

El plan se ha desarrollado siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental y económica

miércoles 02 de enero de 2013, 01:00h
El plan se ha desarrollado siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental y económica.
El plan se ha desarrollado siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental y económica.

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público. A través de este plan, el Gobierno garantiza los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, así como el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

El Ministerio de Fomento, en cumplimiento al Real Decreto Ley 22/2012, de 20 de julio, ha establecido un plan de racionalización de los servicios de media distancia, que se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público. Para dar cumplimiento a este mandato, el criterio fundamental e irrenunciable del Ministerio es garantizar el derecho a la movilidad del ciudadano, dentro de una oferta intermodal que combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera. Se apostará por aquel modo que sea más eficiente en cada caso y aquel que suponga un menor coste para el ciudadano, y se garantizarán los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.

Plan de racionalización

El Ministerio ha acometido este plan sobre la base de estudios rigurosos y datos objetivos, en un proceso transparente, tras haber mantenido reuniones con las comunidades autónomas y con representantes de las organizaciones sindicales del sector. Se garantizan los servicios públicos, si bien con una racionalización del gasto, ya que la situación económica exige eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15%. No obstante, algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15% también podrán declararse como OSP, teniendo en cuenta criterios de cohesión y vertebración territorial. Se compatibiliza la racionalización del gasto con la continuidad de los servicios, aprovechando sinergias. De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios, y en otros trayectos podrán sustituirse con transporte en autobús.

Con ello, se logra un mejor ajuste que permite mantener las oportunidades de viaje. Junto a ello, otras de las medidas que se pondrán en marcha serán la mejora de los horarios o el uso de trenes más pequeños. El Plan de racionalización de servicios supondrá un ahorro progresivo hasta alcanzar en 2015 los 51 millones de euros anuales de costes directos.

Eficiencia

El plan se ha desarrollado siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental y económica. En la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran importantes ineficiencias. El 51,7% de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16% de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15%. En estos servicios de menor aprovechamiento, se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.

Se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las OSP se revisarán cada dos años. Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación. En caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la Administración General del Estado, dicha comunidad autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio.