“Estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, denuncia Antoni Cañete, portavoz de la PMcM. Los datos en los que se basa la plataforma son los balances del sector no financiero publicados por la CNMV. De ellos se extrae el dato de que las empresas del IBEX pagan a sus proveedores con un retraso medio de 215 días, casi el triple del máximo legal de 75 días establecido por la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad.
Por sectores, el que presenta mayor demora en los pagos es el de la construcción e inmobiliario, que acumula un retraso medio de 307 días, más de cuatro veces el límite legal. Tras él, el sector de servicios y comercio acumula 234 días; el industrial y el de la energía, que acumulan 100 días. Se aprecia también un marcado contraste con los datos referidos a los periodos de cobro de estas empresas. En el sector de la construcción e Inmobiliario el periodo medio para el cobro es de 136 días, en servicios y comercio es de 69 días, el Industrial acumula 89 y el de Energía 60.
Medidas concretas
Por ello la PMcM pide un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes que podrían alcanzar los 900.000 euros. Entre las propuestas también se encuentran la creación de un Observatorio de la Morosidad para conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; aplicar el criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
“Es preciso señalar que los datos que se deducen del informe de la CNMV muestran un descenso de casi un 12% en los plazos de pago a proveedores por parte de estas grandes compañías en el primer semestre de 2012 con respecto al cierre del año anterior, posiblemente por la puesta en marcha de la reforma de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad, pero este esfuerzo es todavía claramente insuficiente”, aclara. En su opinión, “se hace ya necesario poner fin a esta lacra, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.
