Durante el encuentro mantenido el pasado lunes en la sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario en Tenerife con distintos consejeros y representantes del sector del transporte de mercancías y viajeros de Canarias, Sánchez recogió todas las propuestas insulares y permitió acercar posturas tras la presentación, por parte del Estado, de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley canaria de Transporte por carretera, que preveía la implantación del tacógrafo en todas las Islas de manera escalonada.
El Gobierno de Canarias apuesta por la implantación del tacógrafo, aunque de manera más flexible que la propuesta por el Estado, dado que será un elemento que permitirá armonizar las condiciones de trabajo y de la competencia entre los medios de transporte terrestre, especialmente por lo que respecta al sector del transporte por carretera. De acuerdo con el decreto del Estado, las islas de Fuerteventura, Tenerife y Grancanaria, por su extensión, deberían contar con este elemento, que registra la velocidad y los tiempos de conducción y descanso de los conductores, desde este mismo año. Asimismo, el Gobierno de Canarias ha intentado trasladar al Ministerio el problema que se plantea en islas como Fuerteventura donde no hay centros de ensayo autorizados para la activación y certificación del tacógrafo, por lo que tendrán muy complicado cumplir con todos los requisitos exigidos en la norma nacional.
En definitiva, el sector y las administraciones coinciden en la necesidad de la implantación del tacógrafo, pero la Ley canaria establece unos plazos más amplios que los propuestos en el Real Decreto ministerial atendiendo a las especiales condiciones de fragmentación de las Islas Canarias. Al respecto, recuerda que en Canarias nunca se ha aplicado el tacógrafo, mientras en el resto del territorio nacional está en vigor desde 1985, por lo que tiene acumulada una experiencia en la aplicación de este elemento. Según la Consejería, esta circunstancia es el objeto de la discrepancia entre el Estado y Canarias y la razón por la cual el Estado ha recurrido la Ley Canaria del Transporte Terrestre.
