Estas notificaciones están acompañadas de un recargo económico en concepto de gestión y gastos administrativos, que en la mayoría de los casos supone un incremento de hasta el 5000% sobre los peajes no abonados, según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). “Así a un conductor al que se le exige una deuda por impago de peajes por un importe de sólo 4,42 euros, la concesionaria está reclamando una deuda total de 211,42 euros, esto es, una penalización 48 veces superior al importe del peaje. En otro caso, a una gran empresa de transporte que presuntamente adeuda 1.034,28 euros en concepto de peaje, se le exige una penalización por importe de 21.583,53 euros”, explica la federación.
“Según las comprobaciones realizadas por Fenadismer en relación a las reclamaciones remitidas a los transportistas españoles, las mismas adolecen de importantes defectos y errores, lo que hace aconsejable no abonar la reclamación exigida sino recurrirlas administrativamente”, ha asegurado la federación. Por ello, a través de sus asociaciones territoriales, ha puesto en marcha un servicio de asistencia jurídica para atender todas las reclamaciones que reciben los transportistas españoles por parte de la concesionaria lusa de autopistas, para de este modo proceder a la paralización del expediente de reclamación de los peajes impagados e impedir la posible inmovilización de los vehículos al circular por las carreteras lusas.
