El pasado jueves la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 para defender la legalidad de todos los pasos dados por el Ayuntamiento desde que en mayo de 2012 decidió secuestrar el servicio del transporte urbano de Urbanos Amarillos, la empresa concesionaria.
Según García-Pelayo, dicho secuestro se habría producido ante los "incumplimientos" del contrato que "desde el primer momento" realizó Urbanos Amarillos (para más información ver: El Ayuntamiento de Jerez asume el control de la concesión de transporte de autobuses urbanos).
En declaraciones a su salida de los juzgados reproducidas por Europa Press, García-Pelayo ha explicado que ha comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de forma "voluntaria" (por su condición de aforada) ante la querella interpuesta por sociedades de Urbanos Amarillos por un presunto delito de prevaricación y apropiación indebida. Ello con e objetivo de demostrar que todos los pasos dados por el gobierno local en el secuestro del servicio y el posterior uso de la flota "se ajustan a derecho".
La alcaldesa ha resaltado su "interés en aclarar" las actuaciones del Consistorio para evitar que se genere "incertidumbre" en un proceso que "no ha finalizado", ya que actualmente la relación contractual entre las dos partes está "en fase de liquidación".
Por ello, ha confiado en que el asunto "se resuelva cuanto antes" y la postura del juez sea "favorable" al Ayuntamiento, que una vez que finalice la liquidación del contrato "compensará a Urbanos Amarillos lo que tenga que compensar y Urbanos Amarillos compensará al Ayuntamiento lo que tenga que compensar" para poner "punto final" a un contrato que "no se debió haber firmado nunca, al menos con esta empresa".