Al respecto, manifiestan que “una modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte por carretera, del alcance que se pretende, debe hacerse con criterios de rigor técnico y de seguridad jurídica, atributos de los que adolece completamente el texto que informamos”. A su vez, señalan que “los presupuestos que se prevén para las nuevas dimensiones de los vehículos de transporte por carretera, son tan imprecisos y genéricos, que admiten todo tipo de interpretaciones, algunas de ellas alarmantes”.
Respecto a los megatraillers, las asociaciones señalan que “se desconoce el encaje legal de las autorizaciones que ampararán la circulación de los megatrailers, considerando que el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos sólo contempla el otorgamiento de autorizaciones especiales para cargas indivisibles”. Igualmente, critican que “tampoco se conoce cuál va a ser la categoría a la que se va a asignar este tipo de vehículos, a efectos del otorgamiento de tal autorización. Consecuentemente, la inseguridad jurídica no puede ser mayor”.
Abiertos a debatir
Asimismo, señalan que “resulta altamente preocupante que al tiempo que se destacan los importantes beneficios económicos, que esta reforma va a suponer para los “diversos sectores del empresariado” que reclaman esta medida, no se haga sin embargo, mención alguna a estudios técnicos realizados acerca de su incidencia en la seguridad vial”. Las asociaciones de transportistas subrayan que “no existe una normativa europea que regule de manera homogénea y coherente, los pesos y dimensiones de los vehículos, que es lo que este sector lleva años reclamando a la Administración que promueva ante las instituciones europeas. Por eso no podemos compartir la referencia que el texto del proyecto hace a los estudios de la Comisión Europea, cuando éstos no tienen ningún tipo de traducción normativa”.
Por último, el Comité ha dejado claro que está abierto a “debatir con la serenidad que la medida requiere, todas estas cuestiones. Pero todo, desde luego, bajo criterios de rigor técnico, seguridad jurídica, y un ordenado funcionamiento del mercado de transporte”. En caso de caso de no atenderse a la opinión del sector, “no puede pretenderse que asuma la responsabilidad que la medida comporta, tal y como contempla el texto que informamos. Debiendo ser el Gobierno y los “diversos sectores del empresariado”, cuyos intereses atiende, quienes asuman la total y absoluta responsabilidad de las consecuencias de introducir tal modificación”.
