El presidente de la Diputación de Sevilla y del PSOE sevillano, Fernando Rodríguez Villalobos, ha concedido recientemente una entrevista a Europa Press en la que aclara alguna de las claves de la adaptación del Consorcio Metropolitano de Transportes a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La reforma local, según un informe jurídico, determina "la necesaria adscripción del Consorcio a una de las Administraciones Públicas intervinietes, modificando con su régimen jurídico, de presupuestación, contabilidad, control y de personal".
La propuesta de nuevos estatutos, recogida por la agencia de noticias, estipula sobre todo "las aportaciones anuales de las Administraciones consorciadas a los presupuestos del Consorcio", donde "la financiación que sea necesaria de los gastos e inversiones, asociados a cada servicio de transporte que se produzca, serán aportados en exclusiva por la Administración Pública que ha cedido las competencias de cada servicio de transporte, salvo actuaciones de mejoras de servicio, intensificación de servicios, nuevos servicios y/o infraestructuras que se acuerden mediante convenio interadministrativo". Los gastos e inversiones citados en primer lugar, así, corresponderían a la Junta de Andalucía como titular originario de la competencia del transporte interurbano.
El papel de los Ayuntamientos
La idea, de momento, es prorrogar durante 2015 y 2016 el reparto de participación económica en el consorcio, con un 45% por parte de la Junta, un 50% de los municipios y un 5% de la Diputación, para que en 2017 la Administración autonómica asuma la inmensa mayoría de la financiación.
Dado el caso, que ha despertado no pocas voces y numerosas reuniones entre los actores, Rodríguez Villalobos ha recordado que "es obligación de las administraciones implicadas dar servicio de transporte a sus ciudadanos". Los municipios consorciados "deben estar también presentes en su parte alícuota" o proporcional.