Por primera vez, el Gobierno Vasco regula esta prestación mediante una disposición de carácter general. El decreto, como ocurría hasta ahora, prioriza la seguridad del servicio y preserva los principios de igualdad y equidad en el acceso.
Cada día, más de 24.000 alumnos y alumnas de centros públicos son transportados a través de este servicio complementario que garantiza la universalidad en el acceso a la educación. Para ello se coordinan más de 500 itinerarios, con la presencia de 521 acompañantes y un coste anual de 26 millones de euros .
Entre las principales novedades que recoge el decreto, cabe señalar que a partir de ahora una comisión técnica valorará supuestos excepcionales, con el objetivo de poder cubrir supuestos que sean merecedores de especial atención y que hasta ahora no habían sido previstos.
Así mismo, el decreto recoge tanto el derecho al transporte, como posibles autorizaciones para ser transportados en el caso de disponer de plazas libres. Por otra parte, se atenderá con derecho a transporte al alumnado que haya sido derivado por la administración a un centro en el que no cumpla los requisitos generales, así como a sus hermanos y hermanas.
Con todo ello, se da cumplimiento a lo pactado en el Parlamento, en relación a la atención a las diversas casuísticas que se han constatado. Así mismo, se realiza una regulación global y de carácter general de todo el servicio complementario.