En la misma jornada, Confebús aprovechó para dar una rueda de prensa en la sede de la CEOE explicando los motivos y razones que han llevado a tal decisión. Rafael Barbadillo, presidente de Confebús, fue quien explicó como Renfe estaría distorsionando la competencia mediante la aplicación de precios inferiores a los costes reales (precios predatorios), lo que está provocando la exclusión o perjudicando gravemente a otros operadores del mercado del transporte de viajeros.
''Además, podría estar aplicando subvenciones cruzadas entre los servicios comerciales (AVE y larga distancia) y los sometidos a servicio público (Cercanías y media distancia), lo que supondría una mala aplicación de las subvenciones del Estado, así como un abuso. Por último, estaría llevando a cabo un empaquetamiento ilícito en el 'Billete Combinado', que permite a Renfe beneficiarse de las subvenciones que recibe en la prestación del servicio público de cercanías, ofreciendo gratis este servicio a los clientes que han usado un tren AVE o de larga distancia'', aseguró Barbadillo.
''Todo esto comienza en febrero de 2013, pues es entonces cuando Renfe decide posicionarse con una nueva campaña comercial más agresiva donde utiliza todos estos métodos. Desde 1992 han convivido el AVE y el autocar en la línea Madrid-Sevilla sin problema porque cada uno tenía su nicho de mercado, siendo el autocar el medio de aquello que mirar más el bolsillo, pero este 'status quo' cambió en 2013'', reveló el presidente de Confebús.
Barbadillo comentó que pese a la nueva forma de actuar de Renfe sigue arrastrando graves pérdidas: en 2013 fueron de 63,65 millones de euros y en 2014 de 139 millones. Y puede arrastrar al autobús en su locura, ya que con su política de precios bajos aumentó en 2013 en 3,25 millones de viajeros mientras que el autocar perdió 1,4 millones de pasajeros.
''Ahora la CNMC debe clarificar si hay delito o no. No tiene plazo para ello, por lo que puede utilizar el tiempo que estime oportuno. Si decide abrir un expediente sancionador, entonces si existiría un plazo de 18 meses para resolverlo. Lo que pide Confebús es que se paralicen las prácticas ilícitas'', aseveró Barbadillo.
En caso de que Renfe fuera encontrado culpable, la CNMC podría imponerle una multa de hasta el 10% de sus ingresos anuales durante el año anterior. Además y en paralelo a lo que ocurra con Competencia, cualquier operador que se sienta perjudicado podría acudir a los tribunales ordinarios para denuncia a Renfe por daños y perjuicios.
