Ya han desaparecido más de 300 empresas de transporte en autobús
En este proyecto se recoge la extensión de la gratuidad de los abonos de Renfe de Cercanías, Rodalies y Media Distancia durante 2023, que, según manifestaciones del Gobierno, puede a llegar a convertirse en estructural, por lo que Confebus, de nuevo, exige al Ejecutivo que la medida se extienda a todo el sistema de transporte público para que llegue a todos los territorios y a todos los ciudadanos, ya que actualmente la mayoría de los españoles no se están beneficiando de la medida, puesto que de los más de 8.000 municipios del territorio español solo unos pocos se benefician de cercanías y media distancia.
La gratuidad del transporte ferroviario y las ayudas a los abonos otorgan un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no y suponen una discriminación para los ciudadanos que viven en estos últimos. Además, esta medida ya está suponiendo una pérdida de viajeros del autobús de entre el 15 y el 30% en determinados tráficos. Al respecto, Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, señala: “Apoyamos todas las medidas de fomento del transporte público puestas en marcha por la Administración, pero seguimos exigiendo un trato equilibrado entre modos de transporte”. Con esta decisión del Gobierno, y de no ampliarse a todo el sistema de transporte público, se pone en riesgo a todo un sector que emplea a más de 95.000 personas y que ya se encuentra en una situación muy complicada tras el impacto de la pandemia.
Desde 2020, ya han desaparecido más de 300 empresas de transporte en autobús, lo que supone casi un 12% del sector, y las que sobreviven, 2.810 empresas, acumulan una gran cantidad de deuda y grandes dificultades por el extraordinario incremento del precio de los combustibles, que está teniendo un enorme impacto en las cuentas de resultados de las empresas de un sector estratégico y que garantiza en muchos territorios, especialmente de la España rural y más despoblada, el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del Estado del Bienestar, como son la sanidad, la educación y el trabajo. En este sentido, también llama la atención la insignificante partida destinada a las subvenciones al transporte urbano y metropolitano, que mantiene la misma cuantía que en años anteriores, sin tener en cuenta el fuerte incremento de costes que han sufrido estos servicios como consecuencia de la alta inflación y el cambio tecnológico hacia energías alternativas y más respetuosas con el medio ambiente.
Confebús insiste, por otra parte, en que la promoción del autobús puede contribuir de manera muy efectiva a los objetivos de transición ecológica hacia una movilidad sostenible, así como al ahorro energético. Un mayor uso del autobús reduciría drásticamente los problemas de contaminación y congestión, mejorando de la calidad de vida en las ciudades, el medioambiente y la salud pública. “El menosprecio del Gobierno al transporte de viajeros por carretera es tanto más inaceptable cuando este sector ha sido modelo de resiliencia y capacidad de sacrificio durante la larga crisis producida por la pandemia”, añade Rafael Barbadillo, quien hace un llamamiento al Ejecutivo para que reconsidere el necesario sostenimiento que merece el principal actor del transporte público.
