Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país
En este sentido, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha instado al arco parlamentario a que tramiten la medida “con la máxima urgencia porque un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
En su opinión, “se acaba de iniciar un camino que definitivamente ha de llevar a la consecución del régimen sancionador. Más allá de las apreciaciones que surgirán durante el trámite parlamentario, lo cierto es que se generará un antes y un después en la economía de nuestro país. La Proposición de Ley incluye conceptos tan importantes como la creación de un Observatorio de la Morosidad, la instauración de medidas extrajudiciales que permitirían la solución de conflictos a través del arbitraje, y la penalización a las empresas que incumplan sistemáticamente los plazos de pago”.
“De ponerse en marcha un régimen sancionador y si se consigue que la nueva Ley de Contratos del Sector Público incluya las enmiendas de la PMcM (entre las que se encuentra que no exista acuerdo de las partes en la relación cliente-proveedor), no solo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores, sino que estaríamos delante de un compromiso político que permitirá no crear más trampas para saltarse legalmente los plazos de pago”, afirma Cañete. Según el último informe de la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2016 tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente.
Logros de la PMcM
Entre otros éxitos, la PMcM ha conseguido desde sus inicios modificar la Ley contra la Morosidad para que el plazo máximo de pago que se pudiera acordar por las partes en un contrato no supere, en ningún caso, los 60 días naturales; acabar con el trato desfavorable que reciben los subcontratistas por parte de los contratistas en las prácticas de pago; contribuir a que el Gobierno pusiera en marcha planes de pago a proveedores, y
hacer cambiar el proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, que pretendía alargar los plazos de pago si había cesión del crédito a un tercero.
