Con el fin de facilitar la progresiva adecuación de la economía española a las exigencias que regulan la acción climática, el Consejo de Ministros de este martes 19 de Mayo tiene previsto aprobar el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La nueva norma persigue como objetivos finales la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la generalización de las energías renovables y una mayor eficiencia en el uso de la energía.
La ley de cambio climático determina las líneas de actuación en los diferentes ámbitos de actividad, tratando de maximizar las oportunidades y beneficios para la economía
Así, en 2030, la meta es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% con respecto a 1990, generar el 70% de la electricidad con renovables, asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.
A tal fin, la ley de cambio climático determina las líneas de actuación en los diferentes ámbitos de actividad, tratando de maximizar las oportunidades y beneficios para la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente; minimizando los costes y respetando las necesidades de adecuación a los sectores más intensivos en CO2.
Así, en el apartado relativo a ahorro energético, el Anteproyecto de Ley que fue sometido a consulta, contemplaba un conjunto de medidas de uso más eficiente de los medios de transporte, entre las que se contemplaba el controvertido aumento a partir de 2021 del tonelaje de los camiones pasando de las actuales 40 toneladas de masa máxima permitida a las 44 toneladas, esto es, un 15% más de capacidad de transporte en la actual flota de transporte, posibilitando de este modo “un aumento de la carga media de dichos vehículos y la consiguiente reducción del número de vehículos por kilómetro y consumo para una misma masa transportada” como se recogía en el Plan Nacional de Energía y Clima que acompaña al Anteproyecto de Ley.
'La medida no ha supuesto mejora económica alguna para el transportista, ni para el sector en su conjunto'
Sin embargo, la actual situación de crisis económica motivada por el covid-19 no parece ser el momento más adecuado para introducir dicha medida, teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los autónomos y empresas de transporte se han visto afectadas con una reducción o paralización de la actividad, que previsiblemente se va mantener en los próximos meses como consecuencia de la situación de recesión económica que sufre nuestro país.
Asociaciones
Por ello, asociaciones como Fenadismer confían en que "dicha medida no sea incluida en el Anteproyecto de Ley que finalmente apruebe por el Gobierno, al considerarla innecesaria en la actual situación de exceso de flota que vive nuestro país como consecuencia de la crisis económica, por lo que dicha medida agravaría la situación de sobredimensionamiento del sector". Además, recuerdan que la implantación de dicha medida en los pocos países europeos que la tienen en vigor (sólo 8 de los 27 Estados miembros de la UE) "no ha supuesto mejora económica alguna para el transportista, ni para el sector en su conjunto. Prueba de ello fue la experiencia piloto puesta en marcha hace 7 años en Cataluña implantando las 44 toneladas a nivel autonómico, cuyo resultado para los transportistas no resultó beneficioso, lo que motivó su derogación tras tan sólo 21 meses en vigor."
