“Muchos son los meses que lleva el Sector del transporte, especialmente los segmentos de discrecional y turístico y Regular de Uso Especial, esperando por parte de las diferentes administraciones (sobre todo del Ministerio del que en teoría dependen, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana), respuestas a la gravísima situación económica por la que atraviesan miles de microempresas y pymes, del 95% de carácter familiar”, debido al cese obligado de su actividad el pasado marzo debido a las medidas de restricción de la movilidad. Ahora, 10 meses más tarde, aquellas medidas “siguen ahogando la actividad económica de todo el país, situando el sector de la movilidad y el sector turístico al borde del abismo económico, sin que nadie pueda discutir los efectos que se extenderán durante los próximos meses y años”.
“La insolvencia financiera es ya, a día de hoy, denominador común de la mayor parte del tejido empresarial”, situación que el Sector lleva 10 meses afrontando, “intentando ser responsable en la solicitud de medidas que vengan a paliar los efectos de una crisis que, de seguir así, acabará con más del 50% de las empresas”, apuntan desde la Asociación.
Direbús acepta la decisión, pero echa en falta que también incluya a los autocares destinados al escolar
Una de estas medidas, que además no tendría coste alguno para la Administración, es la homogeneización en España de la antigüedad máxima permitida para la realización de transporte escolar: “No parece descabellado solicitar al Gobierno que, habida cuenta que autocares de un valor medio de 250.000 euros, que han estado parados desde el pasado febrero perdiendo valor día tras día, y que han debido continuar pagándose con ingresos cero (a razón de cuotas mensuales que pueden alcanzar los 6.000 euros), puedan ser utilizados, como lo son en Baleares, en Canarias, Ceuta o Melilla y en múltiples países del resto de la Unión Europea, para el transporte escolar más allá de los 16 años de antigüedad”.
“Pero la respuesta por parte de la Administración, de la Asociación de Carroceros de España y de todo aquel grupo parlamentario frente al que se haya podido plantear la modificación de un RDL obsoleto, siempre ha sido la misma: el Green Deal y el Eje de transición ecológica impuesto por la Unión Europea para la recepción de fondos Next Generation”, se lamentan desde Direbús.
Frustración y rabia
Por ese motivo, “el colectivo de microempresas y pymes dedicadas al transporte discrecional, turístico y regular de uso especial, reciben con frustración, con decepción y por qué no decirlo con rabia, la noticia de que a las 49 empresas dedicadas al transporte regular de uso general (el 1,2% del Sector), verán incrementada la antigüedad máxima de los vehículos adscritos a los contratos en 15 meses”.
Ante esta situación, Direbús “comparte la medida aprobada y en vigor por este RDL 37/2020, pero constata, viendo que solo será de aplicación a uno de los segmentos del transporte (dando continuidad a la falta del principio de equidad denunciado), que sigue abandonado a su suerte y la normativa aprobada no sirve sino para seguir con el agravio comparativo que sufre con relación a ese 1% del Sector, prolongar su agonía y someterlos, sin responsabilidad, a la más grande de las ruinas que haya vivido el Sector”.
Por eso, la Entidad confirma que “seguirá trabajando para que se equiparen estas medidas a los otros segmentos de la actividad del transporte terrestre de viajeros y seguirá defendiendo, como ha hecho hasta ahora, la ampliación de la antigüedad máxima de los vehículos para el resto de segmentos”, reiterando que “la seguridad de los vehículos no está, en absoluto, reñida con la antigüedad”.
