Unos Presupuestos que Sánchez considera “para una España descentralizada y coordinada”, como lo demuestran los más de 3.600 millones de euros de transferencias a Comunidades Autónomas y Entidades Locales destinados a proyectos de movilidad sostenible y a rehabilitación y vivienda social.
Raquel Sánchez detalló las principales cifras con las que contará el Ministerio para el próximo año, destacando los 19.328 millones de euros totales de Presupuesto consolidado del Grupo Mitma (+14,9% respecto al año anterior). Además, puso el acento en la cifra destinada a inversión, que aumenta en un 17% hasta alcanzar los 16.286 millones.
Movilidad segura, sostenible, inclusiva y digital
Los principales objetivos del Mitma para el próximo ejercicio, recuerda Confebus, están basados en garantizar una movilidad sostenible, segura y eficiente a todos los ciudadanos; el derecho a una vivienda digna y asequible como valor central de todas las actuaciones; y la mejora del Sector del transporte para lograr el desarrollo sostenible que precisa nuestra sociedad.
Aunque la ministra considera al Sector una actividad 'esencial', a juicio de la Confederación, los fondos no cubrirán las necesidades
Siendo la movilidad el gran reto de las actuaciones del Ministerio en su camino hacia una transformación para hacerla más segura, sostenible, inclusiva y digital, la ministra destacó que el Sector del transporte es “estratégico para el desarrollo global de la economía del país, que garantiza la movilidad de los ciudadanos, que responde a la libre circulación de mercancías y que constituye una herramienta básica para incrementar la productividad de la economía del país”. Igualmente, recalcó que es un pilar fundamental para lograr los objetivos medioambientales de una sociedad moderna y desarrollada.
Aunque es algo de sentido común y no harían falta demasiados argumentos para entenderlo, Confebus expuso en Congreso la necesidad de contar con el autocar para recuperar el Turismo.
Para el impulso del transporte, Mitma destinará casi 1.285 millones procedentes de los Fondos europeos del MRR para apoyar las inversiones a realizar por las Entidades Locales, las Comunidades Autónomas y por empresas, tanto públicas como privadas:
- 951 millones se destinarán a la implantación de zonas de bajas emisiones en entornos urbanos y metropolitanos y a la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad.
- Se han previsto 150 millones para la transformación de flotas de empresas privadas de transporte de viajeros y de mercancías.
- 172 millones ligados a la digitalización, tanto de los servicios administrativos como de las empresas de transportes.
- Y 11 millones para impulsar la formación de los profesionales del transporte público y de la logística.
Otros instrumentos y partidas
Junto con estas actuaciones financiadas con los fondos europeos, se encuentran también los instrumentos que tradicionalmente han conformado la parte fundamental de la política de transportes, con 321 millones destinados a financiar las subvenciones a los consorcios, autoridades metropolitanas y entidades locales para financiar el transporte colectivo urbano y otros 51 millones para subvencionar el transporte colectivo urbano en otros municipios.
Igualmente, se destinan 15 millones de euros para la compensación y el reequilibrio económico de las Obligaciones de Servicio Público de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general de titularidad de la Administración General del Estado.
Pero no es suficiente…
Esta es la conclusión a la que llega Confebus, entendiendo que la grave crisis del Covid-19 “ha provocado una grave caída de la demanda del transporte de viajeros en autobús, que se espera que se mantenga durante un período de tiempo difícil de prever, con la consecuente reducción de los ingresos y el incremento de los costes para los operadores de transporte”. Por este motivo, para poder garantizar la prestación de un servicio público esencial, Confebus presentó una serie de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022, solicitando:
1.- Un crédito extraordinario para el apoyo a los servicios de transporte público de titularidad de Entidades Locales de 275 millones de euros, pudiendo ampliarse hasta los 1.000 millones, que tendrá por objeto dotar a las entidades locales de mayor financiación para compensar el déficit extraordinario como consecuencia de la crisis del Covid-19, cuyos efectos no han remitido en la demanda de los servicios de transporte de su titularidad ni se sabe hasta qué fecha persistirán. Una dotación urgente y necesaria, ya que las partidas destinadas son manifiestamente insuficientes para cubrir todas las necesidades inmediatas del servicio de transporte público existente en los núcleos de población.
2.- Además, se ha pedido un crédito extraordinario para el apoyo a los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera titularidad de las Comunidades Autónomas por valor de 696 millones de euros, para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de su titularidad inducido por la pandemia, como consecuencia de las caídas en la demanda y generación de ingreso asociado que está produciendo la pandemia, y ante la necesidad de mantener la continuidad de estos servicios de interés económico general.
3.- Para la compensación de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general de titularidad de la Administración General del Estado se solicitaron 50 millones de euros, frente a los 15 millones presupuestados que se consideran insuficientes, a fin de compensar las Obligaciones de Servicio Público (OSP) establecidas en estos contratos, así como las necesidades inmediatas de las empresas operadoras de estos servicios, que se destinarán al reequilibrio económico de estos contratos teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la disminución de la demanda de viajeros y el aumento de los costes mientras dure la situación ocasionada por el Covid-19.
4.- Por último, se solicitaron 80 millones de euros para compensar a las empresas dedicadas al transporte discrecional y turístico de viajeros por carretera, que ya desde antes de la declaración del Estado de Alarma en 2020 vieron cancelados sus contratos y suprimidos sus servicios, sin que se pueda prever una recuperación en el corto plazo, por la disminución de sus ingresos y los costes soportados como consecuencia de la situación de creada por pandemia y de las restricciones y medidas establecidas en consecuencia por las autoridades competentes y hasta la recuperación, al menos, del nivel del 70% de la facturación media anual de los tres años previos al mes de marzo de 2020.
