La morosidad es para el 62% de los transportistas valencianos la principal lacra
La delincuencia sigue siendo una de las mayores amenazas para la competitividad de las empresas navieras. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) advierte que el 40% de los profesionales del sector fijan un plazo medio de pago de 60 a 90 días, mientras que un 10% empeora cuando el pago se sitúa entre 90 y 120 días. Estas son algunas de las conclusiones de la última investigación de la FVET, a un año de la entrada en vigor del régimen sancionador por demora en el tránsito, que tuvo un efecto “mitigador”.
“La situación es más crítica que hace un año y es previsible que empeore. El precio del combustible sigue disparado, a lo que se suma la inflación y un escenario económico de incertidumbre que no sabemos cómo nos va a afectar. No podemos seguir asumiendo que nos paguen mal y tarde, en especial aquellos transportistas que no tienen músculo financiero para afrontar los retrasos de los pagos”, explica Carlos Prades, presidente de FVET.
Un 40% denuncia que el plazo medio de pago se sitúa entre 60 y 90 días y un 10% lo fija entre 90 y 120 días
El nuevo régimen sancionador no mejora la situación
En octubre de 2021 se modificó la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres para fortalecer los procedimientos sancionadores para erradicar esta práctica. Además, debido a los cambios regulatorios, el gobierno puede controlar el tiempo de pago de los servicios de transporte ante los ojos de los transportistas, operadores y cargadores sin quejas y reclamos previos. Desde la entrada en vigor de este nuevo marco normativo, 2 de cada 3 transportistas valencianos reconocen no haber notado mejoría respecto a los plazos de pago. “No se trata de la legalidad solamente, se trata de la implicación de todas las partes para que se nos pague a 30 días desde la prestación del servicio, como máximo a 60 días”, añade Juan Ortega, vicepresidente de FVET.
Las compañías piden una mayor participación de los ejecutivos publicitando a las empresas que se comportan de esa manera y acelerando el proceso de sanciones. En cuanto a la industria, es preferible evitar las actividades de las empresas involucradas en esta práctica y promover la especialización. “Además, en FVET tenemos un poder judicial que puede asesorar a los compañeros en esta situación”, explicó el vicepresidente.
