“El nuevo compromiso que hemos contraído con Bruselas es el de tenerla aprobada antes de finalizar el año. Va a ser una Ley en la que establecemos una auténtica política nacional de movilidad y Transportes”, afirmó Puente durante el desayuno informativo Fórum Europa Nueva Economía, celebrado durante la mañana de ayer en Madrid.
De esta manera, el anteproyecto volverá en febrero al Consejo de Ministros, para que una vez aprobado, pueda reiniciar “cuanto antes” su tramitación parlamentaria, informan desde el Ministerio.
El compromiso del ministro con Europa es que esté aprobada antes de final de año
La intervención del ministro sirvió para exponer las grandes líneas de actuación que tiene previstas su Departamento para esta Legislatura, con la Ley de Movilidad Sostenible como “pilar normativo fundamental para completar la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura”, así como instrumento que ayude a la transformación de la ciudad de los coches a la ciudad de las personas.
Ley propone las reglas para “cogobernar la movilidad entre las distintas Administraciones y será el instrumento que permita acelerar la descarbonización del transporte, impulsando definitivamente el transporte de mercancías por ferrocarril”, indican desde el Ministerio.
Puente añadió que también “reforzará el papel de las zonas de bajas emisiones, facultando la implantación a los Ayuntamientos de tasas de circulación o peajes urbanos, y determinará en el futuro las decisiones de inversión en infraestructuras para garantizar su rentabilidad socioambiental”.
‘Quien contamine no podrá circular’
El objetivo de Puente al frente del Ministerio es “transformar España”, como ha reiterado en distintas intervenciones, algo que pasa por la descarbonización del sistema de transportes, sobre la base del ferrocarril y el transporte público y con el apoyo en una importante cantidad de fondos que están disponibles para ello, tanto europeos como nacionales.
La práctica totalidad de los afectados anhelaban que el proceso volviera a avanzar
Otra de sus prioridades es vincular la movilidad a la protección del medio ambiente y al desarrollo económico y social, por la vía de transportes más eficientes e inteligentes, impulsando los modos menos contaminantes; promoviendo la intermodalidad; desplegando las redes de abastecimiento y recarga de vehículos limpios; fomentando la bicicleta y los desplazamientos a pie; y limitando el uso de vehículos contaminantes en las grandes ciudades y proporcionando las alternativas para ello. En este sentido, Puente recalcó que “debemos pasar del quien contamina paga, al quien contamina no puede circular”.
Y, en el ámbito urbano, afirmó que “son inadmisibles los intentos de ralentizar la implantación de las zonas de bajas emisiones o de restringirlas hasta su mínima impresión. Y son intolerables los pasos atrás que están dando algunas ciudades”, proponiendo “incentivar y mejorar la financiación del transporte público en aquellas ciudades comprometidas con la sostenibilidad y por establecer un régimen sancionador para quienes no cumplan con el objetivo de reducción de emisiones o desmantelen actuaciones, como los carriles bici, que se financiaron con fondos europeos”.
