La convocatoria anticipada de elecciones ha provocado un parón en todos los procesos legislativos que el Congreso tenía en marcha, y las mencionadas entidades desean que este inmovilismo dure lo menos posible, por lo que proponen a los distintos partidos políticos una serie de propuestas en favor de la movilidad sostenible y un transporte descarbonizado, a fin de que puedan ser incorporadas a sus respectivos programas.
Lucha contra el cambio climático, proteger la salud pública y cuestiones económicas resumen las propuestas de estas 14 organizaciones
Estas proposiciones, que ya tienen los partidos concurrentes en su poder, fueron presentadas la semana pasada en rueda de prensa, en la que se concluyó que “en un contexto de emergencia climática y crisis ambiental sin precedentes, confiamos en que todos los partidos políticos asuman el compromiso de que, al principio de la siguiente legislatura, se apruebe una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público que permita avanzar eficazmente en la descarbonización del Sector transporte-movilidad y en la implementación de un sistema multimodal de transporte, descarbonizado, eficiente, sostenible, justo e inclusivo en España”.
Las tres razones principales que sustentan este argumento son la lucha contra el cambio climático (el Transporte es responsable de casi el 30% de las emisiones de GEI), la protección de la salud pública (la mala calidad del aire se traduce en 300.000 muertes prematuras anuales en Europa) y las cuestiones económicas, como la generación de empleo o de la economía verde.
Puntos concretos
Más allá de este planteamiento global, las organizaciones han detallado las cuestiones que, a su juicio, deberían marcar esta agenda sostenible en relación con el Transporte:
1.- Obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad lo antes posible y, siempre, antes de 2050.
2.- Objetivos concretos de mejora de calidad del aire para todas las ciudades en 2030 en línea con las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud.
3.- Excluir cualquier referencia explícita o implícita a la consideración de cualquier combustible fósil como posible energía alternativa o combustible de transición.
4.- Concretar mecanismos de financiación del transporte público para garantizar la calidad y sostenimiento del sistema, a largo plazo y de forma estable, con referencias tanto a la aportación estatal como a otras opciones.
Un concepto que, desde T&E, se quiere mantener en lo más alto de las agendas políticas
5.- Recoger medidas específicas para garantizar que la movilidad sostenible llegue realmente al medio rural y fomentar la movilidad eléctrica en todo el territorio.
6.- Integrar la eficiencia energética como eje fundamental de la Ley, apostando por un sistema multimodal, haciendo una firme defensa y fomento del ferrocarril (tanto de personas como de mercancías, incorporando un objetivo de alcanzar una cuota modal del 18% en 2030 respecto al total de mercancías transportadas por vía terrestre; y de, al menos, el 35% en 2040) y dar prioridad a la electromovilidad en el transporte de personas y mercancías por carretera.
7.- Incluir medidas de reducción de los graves impactos sociales, ambientales y climáticos del transporte aéreo, como pueden ser la eliminación de los vuelos domésticos entre ciudades para los que exista una alternativa ferroviaria.
8.- Despliegue de combustibles renovables de cero emisiones derivados del hidrógeno verde para la aviación y el transporte marítimo.
9.- Mejorar el planteamiento y objetivos de los planes de movilidad sostenible al trabajo.
10.- Dar prioridad a la movilidad activa frente a la motorizada y volver a incluir los conceptos de cero emisiones.
11.- Incluir el desarrollo permanente de una estrategia estatal de la bicicleta.
12.- Modificación el sistema de etiquetado de vehículos por su potencial contaminante, de manera que incluya el parámetro de las emisiones de CO2.
13.- Introducir medidas concretas que garanticen una transición justa e incorporar el concepto de “pobreza en el transporte” y el emplazamiento al Gobierno para la elaboración de una Estrategia Nacional que diagnostique, prevenga y combata estas situaciones de vulnerabilidad.
