La última de las mesas de la jornada, previa a la clausura oficial, estuvo compuesta por representantes de distintos partidos políticos, aportando su visión sobre la Ley de Movilidad Sostenible que está en fase de tramitación parlamentaria.
Isidre Gavin (de Junts per Catalunya), recalcó que “el autobús es mucho más sostenible que el vehículo privado”, pero “hay que modernizar el servicio y adecuarlo a las necesidades de los usuarios”, apostando por “una idea de visión integral de la movilidad, con los modos y los vehículos colaborando”. También considera que “la movilidad debe gestionarse desde la proximidad, porque es la inmensa mayoría de la demanda”, pero reclamó fondos estatales para llevar a cabo dicha labor.
En esa línea, considera que “la relación público/privada debe ser de partenariado. El foco debe estar en el servicio público, con empresas proveedoras y la Administración como garante de la calidad y la exigencia”. Alberto Ibáñez (de Sumar), puso el foco en que “25.000 personas fallecen prematuramente por contaminación en España. La cuestión climática es importante y el reto es enorme en este sentido”, invitando a una reflexión sobre el papel del coche privado y apostando por “priorizar los desplazamientos a pie, en bici y en transporte público”.
Mejorar el modelo actual
Analizó la Ley en cuatro ejes: descarbonización del transporte (“hay mucho margen para invertir si dejamos de subvencionar el transporte privado”), fiscalidad progresiva para un uso universal, más intermodalidad “porque hay múltiples y sencillas herramientas que lo permiten”, y descentralización, con más equidad y proximidad. A juicio de Sumar, “el modelo actual es el que hay que defender, pero mejorándolo con líneas y servicios, y eso pasa por invertir más dinero público. El mapa está obsoleto y tenemos que ser ágiles, tanto la Administración púbica como en el ámbito privado, que judicializa en exceso los procesos”.
Carina Mejías (Vox) apuntó que “estamos ante una gran oportunidad para ajustar la normativa a la realidad. Debemos defender el modelo y aprovechar la colaboración público-privada para mejorar el servicio, actualizando el mapa para no dejar a nadie atrás”. Para todo ello, “el factor de financiación esencial”. Pero también declaró que “esta Ley puede ser una oportunidad perdida, porque a pesar de que es demandada, obedece a criterios europeos que se elaboran de espaldas a los sectores económicos. Defenderemos esos posibles impactos negativos”.
Se posicionó entre las que consideran “la movilidad como derecho social”, apostando por una digitalización “como objetivo inmediato” y una financiación “que se ajuste al servicio”. Y, por último, Ignacio López (del PSOE), consideró que “el objetivo último de la movilidad sostenible es incrementar el número de usuarios, y eso pasa por tener un Sector fuerte que presta un servicio “público”. Ahora tenemos de nuevo en la mano el proyecto de Ley de Movilidad, y eso ya es un gran avance, una Ley ambiciosa porque fija un marco para las Administraciones”.
Para finalizar, dejó sobre la mesa dos cuestiones: la necesidad de los órganos de gobernanza sobre la cooperación entre Administraciones, también las municipales (cinco órganos que la representante de Vox había considerado “excesivos”) y el impulso al autobús como “una palanca fundamental en el transporte público y en el objetivo de que se utilice más”.
