Atedibus ha pedido que se agilice la tramitación de las autorizaciones de transporte escolar para evitar sanciones injustas a los profesionales. En una reciente campaña de control, el 30% de los vehículos fueron multados debido a la falta de autorización por parte de la administración.
La Asociación del Transporte Escolar y Discrecional de la provincia de Sevilla (Atedibus) ha solicitado a la Junta de Andalucía una mayor rapidez y agilidad en la tramitación y resolución de las autorizaciones de transporte escolar, ya que, entre otros problemas, están causando sanciones a los profesionales.
Todas las multas de la última campaña de control se debieron a este motivo
Según señalan, la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Andalucía, a cargo de este servicio, no cumple con el trámite administrativo necesario para resolver y otorgar las autorizaciones correspondientes a los autobuses, lo que ha llevado a que las empresas sean denunciadas por la Guardia Civil. En una reciente campaña de la DGT sobre este tema, el 30% de los vehículos de transporte escolar fueron sancionados, y en el 90% de estos casos la sanción se debió a la falta de una autorización solicitada pero aún no concedida por parte de la Administración.
"Estas sanciones se podrían haber evitado y los profesionales no saben cómo explicar a la autoridad de tráfico que la responsabilidad no es del conductor ni de la empresa, sino de la administración", señaló Manuel Gutiérrez, presidente de Atedibus.
Desde la asociación añaden además que hay pruebas de que las empresas de transporte escolar cumplen con todas las normativas vigentes, pues durante esta campaña solo se han detectado sanciones adminsitrativas en la provincia. En aspectos como mantenimiento técnico de los vehículos, titulación y permisos de los conductores o cumplimiento de las normas de circulación no se ha producido ninguna.
"En cuanto a este punto, solicitamos rigor a la hora de enviar la información, ya que un sector tan sensible como el transporte escolar no puede ponerse en cuestión al señalar que se han denunciado uno de cada tres vehículos inspeccionados cuando la realidad es que el 90% de estas sanciones no deberían haber recaído en las empresas, sino en la propia administración. Es una situación que se viene repitiendo desde hace años, y que debe ser solucionada de forma urgente por parte de la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional", concluye Gutiérrez.
