El estudio contiene un total de 20 medidas que Confebus pone a disposición de las Administraciones, a modo de guía para mejorar el proceso de licitación de los contratos concesionales, tanto del transporte Regular como del Escolar o el Urbano, ya que aporta una visión global de dicho proceso, con la necesaria flexibilidad que permita su adaptación a cada caso.
Cándido Pérez, socio responsable de Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, tomó la palabra en primer lugar para indicar que “este acto sirve como reflexión sobre el derecho a la movilidad de las personas, a desplazarse de forma cómoda, segura y respetuosa con el medio ambiente”. Y, en este escenario, “el autobús llega donde los demás modos no, siendo imprescindible para “articular la movilidad urbana y periurbana, además de en las zonas de baja densidad de población”.
El estudio es el resultado de una revisión profunda de lo que hay, para tratar de mejorarlo
Por eso y por ser “uno de los modos menos contaminantes”, se convierte en “esencial para abordar una transición que pasa por un cambio modal, en el que el autobús será protagonista”.
Pérez explicó que el informe es el resultado de “una revisión profunda del proceso de adjudicación de los contratos, con la intención de que no giren sobre el precio, sino sobre la calidad del servicio. Pretende buscar soluciones innovadoras y prácticas y contribuir a un modelo sostenible, moderno, eficiente y respetuoso con el entorno”.
Para ello, “todos los implicados deben comprometerse”, por lo que se ha llevado a cabo “un análisis de distintos pliegos de todos los ámbitos, para relacionar una serie de propuestas acompañadas de sus correspondientes argumentaciones, sobre la base de que no vulneren la concurrencia, buscar la mayor eficiencia en recursos, no generar barreras de entrada, y potenciar la relación calidad-precio”.
El estudio escuchó también al Sector, mediante una encuesta (elaborada en julio de 2022) en la que participaron 56 empresas de Confebus.
Buenas prácticas en la licitación
El periodo de trabajo ha sido extenso, por lo que Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación, expresó que “por fin presentamos este informe que tanto esfuerzo nos ha llevado. Queremos crear un conjunto de buenas prácticas en la licitación, para que se adapte a la realidad y a las necesidades de la movilidad”.
Barbadillo reforzó la idea de que “la colaboración público-privada es una herramienta de las Administraciones, que se suma a la experiencia de los operadores para gestionar contratos con eficiencia y calidad. El caso español es de éxito, pero necesitamos un marco jurídico seguro y estable, con unos pliegos que eliminen obstáculos legislativos y que apuesten por la calidad del servicio. Los aspectos económicos no pueden primar, sino la calidad, la innovación y la seguridad”.
El informe “detecta aspectos a mejorar, fortalezas y buenas prácticas, alineando argumentos técnicos con la normativa”, y se divide sus 20 medidas propuestas en tres bloques: las aplicables en la “preparación de las licitaciones, durante la misma licitación y, tras la adjudicación, cómo debe hacerse el seguimiento”.
La explicación en profundidad de las 20 medidas correspondió a Fernando Vizoso, director de Infraestructuras y Transportes de KPMG en España, y a Alberto Dorrego, socio del Departamento de Derecho Público en Eversheds Sutherland.
Vizoso fue el encargado de desgranar las medidas que deben tomarse en consideración “antes de licitar”, mencionando las siguientes:
1.- crear un observatorio permanente para el Regular, que sería de gran ayuda para identificar los costes y dimensionar los contratos de forma razonable.
2.- elaborar un pliego-tipo de cláusulas contractuales, para los diferentes segmentos. Ajustable, pero con los elementos esenciales. Esto ya existe a nivel autonómico y en otros sectores.
3.- definir el tipo de contrato: concesión o de servicio, algo que tiene que ver con la transferencia de riesgos.
Escuchar al mercado, analizar los costes y prever mecanismos de control, entre las principales medidas
4.- consultar al mercado antes de licitar, pedirles opinión y socializar el proyecto para que los afectados puedan colaborar.
5.- elaboración del estudio de viabilidad económico-financiera. “En este último apartado, hemos encontrado deficiencias”, según Vizoso:
-hay que evitar sinergias ajenas a la licitación en curso, que generan distorsión en el proceso, porque no todos podrán acceder a ellas.
-previsión exacta de los costes de subrogación del personal. La estimación suele estar alejada de la realidad de los costes de los operadores. Habría que ser más exacto al suministrar esa información, para que la oferta tenga más fundamento.
-cálculo económico de las medidas de descarbonización, a lo largo de la vida de los contratos. Lo que nos hemos encontrado es que las estimaciones de los contratos actuales no son realistas.
-debilidad en el desfase temporal entre el primer estudio de viabilidad y el momento de la licitación. Pasa mucho tiempo entre ambos momentos, por lo que habría que actualizar esto en función de las condiciones cambiantes del mercado. Lo ideal sería efectuar una revisión justo antes de la licitación, algo que es fácilmente implementable.
A incluir 'durante'
A continuación, Alberto Dorrego pasó a exponer los elementos a introducir en los pliegos y en el contrato:
1.- Mantenimiento razonable del equilibrio económico-financiero durante toda su vida.
-Previsión de modificar el contrato por cambio de circunstancias o hipótesis básicas, cuando haya un cambio en un +-7% en el precio del combustible, por ejemplo, mediante la creación de mecanismos automáticos.
-Sistema de revisión periódica no predeterminada de tarifas/precios. Complementario al anterior.
-Cláusula específica por avances tecnológicos, especialmente sobre el material rodante, que ayudaría a la transición. Algo que sería recomendable tenerlo ya previsto en el pliego.
Evitar el efecto subasta y primar la calidad del servicio, en el horizonte
2.- Evitar el efecto subasta, siempre con un respeto muy celoso de los criterios de concurrencia. Podría hacerse de la siguiente manera, según Dorrego:
-Vinculación de los licitadores a la demanda.
-Establecer criterios de temeridad, no sólo en el precio, sino en todos los elementos cuantificables, que fueran claros y objetivos.
-Umbrales de temeridad exigentes y proporcionados a cada tipo de contrato. Por ejemplo, incremento de la garantía.
-Admisión y valoración de variantes. Incorporar soluciones alternativas en la forma de abordar la estructura del servicio. Permitiría aportar valor por parte de las empresas.
-Admisión y valoración de mejoras. Algo similar a lo anterior, adición de prestaciones, no alternativas.
-Sistema pódium para criterios subjetivos. Permite mayor diferenciación y refuerza la calidad aportada en el pliego.
3.- Cláusula de reversión de la flota no amortizada. Implica la correcta delimitación de los criterios de valoración de la flota y de la subrogación, en su caso.
4.- Extensión de los contratos más allá de su vida jurídica prevista. Cuando van bien, los problemas se sobrellevan, pero cuando son deficitarios… Debe primar siempre el principio de continuidad, porque no se puede dejar de prestar el servicio. Pero, el vínculo del contrato desaparece, y debe reconocerse en el propio contrato que, a partir de ese momento, debe estar garantizado su equilibrio económico-financiero. Dorrego comento que es algo que echa en falta en la Ley de Movilidad Sostenible.
Después de la licitación, control
Y las dos últimas medidas aportadas por el informe sería de aplicación después de la licitación:
1.- Actuaciones para garantizar el servicio, mediante auditorías. Suelen estar ausentes, aunque allí donde sí aparecen, demuestran éxito. Seguimiento concienzudo y riguroso de que se cumple todo lo ofertado por los licitadores. Si la Administración no puede hacerlo, que lo subcontrate a cargo del concurso.
2.- Mecanismos de incentivos y penalizaciones (bonus/malus), con consecuencias incluso para la extinción del contrato, llegado el caso. Garantiza la correcta ejecución de las prestaciones y el cumplimiento de lo ofrecido.
