A veces, aunque el tema a abordar sea farrogoso, no hay como tratar de exponerlo de la manera más sencilla posible para que se entienda. Y eso es lo que hizo Susana Solís, diputada del Parlamento Europeo por Ciudadanos, durante el I Foro Anfac del Vehículo Pesado y el Autobús, que tuvo lugar en Madrid hace unas fechas.
La normativa europea sobre Transporte es tan numerosa como compleja. Y conocerla desde dentro es algo positivo. Solís trató de repasar el proceso burocrático que nos ha llevado hasta nuestros días, ahora que la legislatura está a punto de finalizar.
“Todo el proceso se ha llevado a cabo en la Comisión de Medio Ambiente. El paquete de reducción de emisiones ha sido presentado por la Comisión Europea, pero se ha negociado por partes, y creo que hay cierta falta de coherencia”, según la eurodiputada, para quien una mayor colaboración habría sido mejor.
Porque el objetivo de Europa es “dar certidumbre al Sector. Nadie sabe ahora qué tipo de vehículo o propulsión comprar. Por eso, apostábamos por la neutralidad tecnológica, al igual que se acordó en los turismos”.
La premisa sobre la que se basó el debate fue: “La pregunta no es hacia dónde vamos, sino si se dan las condiciones para llegar. Por eso, hemos conseguido la inclusión de distintas cláusulas de revisión periódicas, que tengan en cuenta las condiciones habilitantes” para que se puedan cumplir los objetivos.
Llegó Euro 7 y…
“Pero llegó Euro 7, que parece la contradicción”, sorprendió Solís. “Hasta ese momento teníamos claro el mensaje hacia la electrificación, pero el nuevo mensaje obligaba a la industria a seguir invirtiendo recursos en los motores de combustión. Esto generó un cambio en el Parlamento, aunque al final logramos una Euro 7 que, creo, ha salvado al Sector, ya que permitirá la renovación de flotas a diésel menos contaminante”.
Además, desde la óptica española, “la propuesta de reducción de emisiones para pesados era perjudicial. Defendemos electrificar todo lo que se pueda, porque hacerlo en la larga distancia es muy complicado, y más en nuestro país. Sobre todo, por los plazos estipulados, especialmente el fijado para 2030 (-45%)”.
Solís también tuvo tiempo para criticar al Gobierno español por su “falta de apoyo” en una serie de peticiones, como “la flexibilización de las fechas, la neutralidad tecnológica (fundamental para el transporte pesado) y el factor de corrección de carbono”.
‘Desde la óptica española, “la propuesta de reducción de emisiones para pesados era perjudicial’
El resultado final es que se han acordado unos objetivos “muy ambiciosos, pero con una puerta abierta. El Parlamento estaba tan dividido que se abre esa puerta a los combustibles neutros en carbono”, para lo que la Comisión Europea “se ha comprometido, en el plazo de un año, a elaborar una metodología para su desarrollo en el transporte pesado, que nos permitirá irnos ajustando en los próximos cinco años”.
Por otro lado, mencionó que “el factor de corrección no ha sido aprobado, pero en 2027 habrá una revisión del Reglamento, y es posible que ahí se pueda retomar, aunque no soy muy optimista”, redundando en que “la infraestructura de recarga es primordial y un reto para España. AFIR tiene una incoherencia, porque se presentó teniendo en cuenta el objetivo de 2030, que ahora es distinto”, concluyendo que “vamos mal en general, pero peor en España”.
Cinco años de aplicación
En cualquier caso, no quiso finalizar sus palabras sin dejar un mensaje positivo: “Sea cual sea la configuración del nuevo Parlamento Europeo, no cambiará su opinión sobre la descarbonización. Vamos a hablar de un pacto industrial para hacer compatible la sostenibilidad y la competitividad con la transformación energética, para lo que pedimos que no haya más normas a cumplir, sino que afrontemos cinco años de implementar las aprobadas y sus políticas de apoyo”.
Para finalizar, Solís mencionó la necesidad de “ajustar la regulación para que se vayan dando las condiciones habilitantes” y la de “trabajar juntos, porque hemos demostrado que así se consiguen cosas”.
