La Ley de Movilidad Sostenible, que lleva años gestándose como una herramienta clave para transformar el modelo de transporte en España, está a punto de descarrilar. ¿El motivo? La negativa del Gobierno a incluir metas claras y ambiciosas de descarbonización en el texto legal, una postura que ha encendido todas las alarmas entre 13 organizaciones sociales, medioambientales y sectoriales, que alertan sobre el riesgo de perder una oportunidad histórica para alinear el país con sus compromisos climáticos.
En una declaración contundente, las organizaciones aseguran que “nadie entiende por qué el grupo parlamentario socialista se opone de forma tan rotunda a establecer objetivos concretos de reducción de emisiones en el sector transporte”, después de haber mantenido conversaciones con formaciones como EH Bildu, ERC, SUMAR y Podemos, quienes han mostrado mayor apertura a introducir mejoras. También han lamentado la falta de implicación del Partido Popular, al que acusan de mantenerse en una postura “poco constructiva”.
Un sector que lidera las emisiones en España
Los datos hablan por sí solos: el transporte es responsable del 32,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, con la carretera acaparando el 30,1% del total. Sin embargo, el Gobierno no ha dado razones convincentes para rechazar las enmiendas que proponen incluir el objetivo de alcanzar la neutralidad climática del sector antes de 2050 y establecer metas de reducción de emisiones en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 y 2040.
Estas organizaciones recuerdan que ya se cometió un error similar en la Ley de Cambio Climático de 2021, donde también se omitieron los objetivos específicos para el transporte bajo la promesa de incluirlos en la futura ley de movilidad. La historia parece repetirse.
Centros de trabajo: el otro gran punto ciego
Otra crítica destacada apunta al artículo 27, que establece la obligación de planes de movilidad al trabajo solo para centros con más de 500 trabajadores o 250 por turno. Esto deja fuera al 99,8% del tejido empresarial español, formado por pequeñas y medianas empresas, y supone una medida “totalmente alejada de la realidad del país”.
Y es que un tercio de los desplazamientos diarios tienen como destino el lugar de trabajo, siendo el vehículo privado el medio más utilizado. Donde se han implementado planes de movilidad eficaces, se ha comprobado una notable reducción de atascos, accidentes y emisiones. Pero el Gobierno, denuncian, parece no querer extender ese beneficio al conjunto de la ciudadanía.
64 enmiendas que podrían marcar la diferencia
A pesar de la resistencia institucional, las organizaciones han logrado registrar 64 enmiendas con el apoyo de varios grupos parlamentarios. Entre ellas se proponen medidas clave como:
-
Impulsar la electromovilidad en entornos rurales
-
Fomentar el uso de bicicleta y movilidad activa en ciudades
-
Reconocer los derechos de la infancia a una movilidad segura
-
Potenciar el transporte ferroviario de mercancías
-
Fomentar los trenes nocturnos transfronterizos
-
Evitar ayudas públicas a combustibles fósiles
-
Establecer cuotas mínimas de combustibles renovables en aviación y transporte marítimo
Una ley útil o una ley vacía
Para las organizaciones firmantes, “una ley sin objetivos ni compromisos reales sería una ley floja, inútil y una oportunidad perdida que podría tardar años en volver”. Frente a la urgencia climática y el peso del sector transporte en las emisiones nacionales, exigen al Ejecutivo y a los partidos políticos altura de miras y un compromiso firme con el interés común del país y las generaciones futuras.
Porque cuando se trata del futuro del planeta, la salud de las ciudades y el derecho a una movilidad justa y sostenible, no hay espacio para medias tintas.
