La IRU ha valorado positivamente algunos avances logrados en la votación plenaria del Parlamento Europeo sobre la Directiva revisada de viajes combinados, pero advierte que aún existen disposiciones que amenazan la viabilidad de miles de pymes del turismo en autobús en Europa.
Avances en anticipos y definición de paquetes
La votación ha supuesto victorias clave para los operadores, como el rechazo al límite rígido del 25 % en los pagos iniciales propuesto por la Comisión y la aclaración sobre qué se considera una circunstancia inevitable y extraordinaria.
Asimismo, se ha eliminado la norma que habría creado automáticamente paquetes si se añadían servicios en un plazo de 3 o 24 horas. Solo se considerarán como tales cuando el comerciante invite activamente al pasajero a reservar servicios adicionales en las 24 horas posteriores a la primera compra.
Critica las sanciones de hasta el 4 % de la facturación anual
“Eliminar los límites rígidos para el pago inicial y fijar la definición de los paquetes son importantes logros para nuestro sector”, afirmó Raluca Marian, directora de la IRU para la UE.
Reembolsos, liquidez y sanciones en debate
La federación advierte que las obligaciones de reembolso en 7 y 14 días propuestas por la Comisión son inviables para las pequeñas empresas, que a menudo solo aportan una parte del paquete. La IRU propone 15 días para proveedores y 30 días para organizadores, en línea con la normativa de derechos de los pasajeros.
También muestra preocupación por la imposibilidad de emitir vales en cancelaciones masivas, una medida que dejaría a muchos operadores sin liquidez. Según la IRU, los vouchers deben ser más flexibles, con mayor duración y aplicables en escenarios de crisis.
Por último, critica las sanciones de hasta el 4 % de la facturación anual, al considerarlas desproporcionadas para empresas cuyo negocio de viajes combinados es minoritario. Reclama que estas penalizaciones se limiten a los ingresos vinculados a los viajes combinados.
Con las negociaciones tripartitas en marcha, la IRU insta a lograr un equilibrio justo entre la protección del consumidor y la supervivencia de las pymes que sostienen el turismo en autobús en Europa.
