La presidencia corrió a cargo del director general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís; y, como desde su fundación en el año 1997, fue coordinada por la Asociación Española de Carretera.
El asunto prioritario de la mesa fue la necesidad de consensuar medidas eficientes que permitan rentabilizar al máximo los recursos existentes, que debido a la actual situación económica se han visto notablemente reducidos, y llevar a cabo las actuaciones de conservación y de mantenimiento requeridas por la red viaria. También se debatieron fórmulas diversas para afrontar este problema, como el pago por uso o distintas formas de colaboración entre los organismos públicos y privados.
Las vías convencionales
Las carreteras de segundo orden también ocuparon un espacio propio en la reunión. Desde la Dirección general de Tráfico se expresó a través de su directora general, María Seguí, su preocupación por la alta siniestralidad de la red secundaria de carreteras. Pese al importante descenso en la siniestralidad y mortalidad de estas vías, siguen siendo las que peores índices registran. Por ello se recalcó, desde la institución, la necesidad de optimizar el estado de conservación de estas carreteras de segundo orden.