En este sentido, FENADISMER Madrid ha transmitido al Consejero de Transportes e Infraestructuras que dicha política fiscal de reducción de la carga impositiva autonómica que soportan los carburantes de uso profesional para el transporte ya se aplica en 10 Comunidades Autónomas, en concreto, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias, Murcia, Extremadura, Cantabria, Navarra, Baleares y Cataluña y en otras 3 Comunidades Autónomas no se aplica dicho impuesto, Aragón, País Vasco y La Rioja.
Ello implica que al existir en la Comunidad de Madrid un precio final en los carburantes que consumen los vehículos de transporte superior al de otras Comunidades Autónomas, coloca a las empresas transportistas madrileñas en una situación competitiva desventajosa, lo que obliga a tratar de respostar carburante en las Comunidades Autónomas limítrofes para evitar el impacto económico de dicho impuesto en nuestra región, con el consiguiente perjuicio para las gasolineras madrileñas.