La modificación de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, impulsada por el Gobierno regional, ha provocado malestar entre los transportistas y los Cabildos del archipiélago. Los empresarios aseguran que las nuevas enmiendas perjudicarán la movilidad en Canarias y se quejan de la falta de transparencia con la que se han elaborado y tramitado las iniciativas sobre normativas sectoriales.
El Grupo Parlamentario Nacionalista (CC) y el Grupo Socialista (PSC-PSOE) han presentado un paquete de medidas que, según el Sector, suponen mayores impedimentos para la movilidad en las islas. Algunas de las nuevas normas son las siguientes: limitaciones para que los autobuses no circulen con menos de seis usuarios, impedir la concesión de nuevas autorizaciones para limusinas, o vetar la operatividad en aeropuertos y puertos a los taxis cuyas licencias no pertenezcan a los municipios en los que se encuentran tales infraestructuras.
Caso omiso
En el mes de Julio, los cabildos insulares y los empresarios del transporte hicieron llegar al consejero y a la directora general de Transportes sus quejas por el hecho de que no se consultara la reforma con la Mesa del Transporte. A principios de septiembre, "el Ejecutivo hizo evidente su falta de interés en corregir la situación al presentar un documento en el que se proponía aprovechar la tramitación parlamentaria de una Ley de medidas fiscales para incorporar cambios en la ley canaria de transporte", indican desde FET.
La Federación de Empresarios de Transporte (FET) va a mantener en los próximos días encuentros con todos los grupos parlamentarios para intentar llegar a nuevos acuerdos sobre las enmiendas antes de su votación en pleno. FET ha advertido de que si nacionalistas y socialistas no están dispuestos a llegar a una solución conjunta, solicitarán permiso a la Delegación del Gobiero para organizar una movilización de protesta.
