Pilar Vázquez, vicepresidenta de la Plataforma, moderó la sesión dando paso, en primer lugar a Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, quien destacó que la morosidad es una lucha constante, porque constituye "un hecho indiscutible que destruye el tejido empresarial, sobre todo por la parte más débil: el autónomo". A pesar de que durante 2014 se produjo "una mejora del 30% en los plazos de pago por parte de la Administración, la media sigue estando en 90 días, y además en el último periodo está empeorando. Es necesaria una mayor supervisión sobre los procedimientos de pago, porque los dilata, e incidir sobre el sector privado, que llega a pagar incluso a cinco meses. Para la gran empresa, la financiación mediante la morosidad es algo que se ha normalizado, por lo que es muy difícil de erradicar. El régimen sancionador se impone como necesario, pero no con la misma vara de medir para todos; hay que castigar la mala práctica reiterada".
A continuación, Esteban Blanco, presidente de Conaif, destacó que "es muy difícil no aceptar un plazo de pago más largo cuando escasea el trabajo", apostando también por establecer sanciones y un Observatorio para detectar los posibles problemas. Por su parte, Francisco Paramio, presidente de Fenie, constató que "en 2011 los políticos prometieron soluciones, y si estamos aquí ahora es porque no se han cumplido". A su juicio, además de los plazos y el régimen sancionador, "habría que actuar sobre los precios, porque la mayor competencia está provocando que bajen, incluso por debajo de los costes", añadiendo que "cuando se acabó el dinero del plan de pago a proveedores, las Administraciones han vuelto a tener deudas, mientras que las grandes empresas se financian gracias a los retrasos en los pagos a los últimos eslabones de la cadena".
Sebastián Reyna, secretario general de Upta, mencionó que se necesita analizar no solo la morosidad directa, "sino también la inducida, sobre todo por parte de las Administraciones. El pago no fluye a los subcontratados". Añadió que considera que "el plan de pago a proveedores no fue sino una inyección de 40.000 millones a la economía, que era necesario, pero que no atajó los efectos de la morosidad. Por eso, cuando se acabó el dinero, volvieron los retrasos. Se debe explorar la vía de las sanciones y la extrajudicial, y que el Observatorio busque las causas últimas de la morosidad, porque las grandes empresas han adoptado en su estructura interna la financiación por la morosidad". Por último, reclamó que se mejoren las líneas de crédito al circulante, que han descendido un 51% desde 2010.
El Sector
Finalmente, Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, recalcó el papel del autónomo transportista, apuntando que el 85% del Sector se compone de autónomos y microempresas, y que "esta atomización permite la mayor eficiencia en el servicio". Hizo referencia al Observatorio permanente que gestiona junto a la Fundación Quijote, que en enero arrojó al confirming como el medio de pago más común en el Sector (42%), añadiendo que "el 79% de los pagos incumplen la Ley, con una media de 90 días. Nos oponemos a las prácticas abusivas, que genera ineficiencias en el transporte por valor de 375 millones de euros anuales. Con ese dinero, podría modernizar el Sector para situarlo a la vanguardia de Europa, y con nuestro propio dinero. La política debe hacer las cosas bien, porque a la larga, sale más barato", indicando como ejemplos las sanciones a los transportes con exceso de peso y la acción directa, medidas que han sido positivas para el colectivo: "Apostamos por el libre mercado, pero con las reglas claras para todos".
