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MOROSIDAD

Los plazos de pago experimentaron una leve subida en el mes de febrero

Los plazos de pago experimentaron una leve subida en el mes de febrero

El plazo medio supera en 9 días el máximo legal

martes 26 de marzo de 2024, 07:00h

El Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera ha revelado que los plazos se incrementaron durante el mes de febrero. Este informe, elaborado por Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote, detalla cómo este dato ha crecido hasta los 69 días de media, alejándose del periodo máximo establecido por ley en 60 días.

Un 11% de los incumplidores pagan en más de 120 días

De hecho, el porcentaje de empresas cargadores e intermediarias que incumplieron dicha normativa escaló a un 58% durante el pasado mes, aunque estos excesos fueron leves en la mayoría de los casos. En concreto, el 73% de las compañías incumplidoras pagaron en menos de 90 días, mientras que solo un 11% superó los 120, un porcentaje que en 2022 se situaba alrededor del 20%.

Pese a todo, los datos de morosidad siguen siendo elevados a pesar de que los cambios en la normativa y la intensificación de los Servicios de Inspección de Transporte han contribuido a que, por norma general, la tendencia sea de una reducción del plazo medio. De hecho, desde Fenadismer valoran positivamente la votación llevada a cabo la semana pasada en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, que propone reducir el plazo máximo a solo 30 días tanto para las transacciones entre empresas como entre una administración pública y una empresa privada, lo cual obligaría a mejorar estos datos aún más.

No obstante, muchos Estados miembros no se han mostrado del todo a favor de esta propuesta, lo que pone en duda que esta medida vaya a ver finalmente la luz. Pese a todo, desde Fenadismer y la Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad han prometido seguir luchando activamente para que la legislación que se apruebe tenga en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas por las actuales dilaciones en los plazos de pago y necesitan una mayor protección.