El transporte de viajeros en autocar es uno de los primordiales activos estratégicos para el desarrollo, social y económico de Castilla y León, según recoge el anteproyecto de Ley de Ordenación del Transporte de la Comunidad; y para el cumplimiento de este principio básico, es fundamental la existencia de empresas privadas que gestionen ese servicio público.
La Federación Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús, Fecalbús, que es la asociación mayoritaria del Sector en la comunidad autónoma, integra doce asociaciones provinciales, representantes de más de doscientas cincuenta empresas, con una flota superior a los dos mil cuatrocientos vehículos, lo que supone más de tres mil empleos directos.
Estas compañías se afanan diariamente en proporcionar un servicio de calidad a la población, garantizan con seguridad y eficacia su derecho a la movilidad y cumplen permanentemente los compromisos adquiridos con la administración regional, con especial atención a la dispersa población rural de la más extensa autonomía española.
A pesar de ese esfuerzo empresarial, el número de usuarios está en un continuo decrecimiento, bien sea por causa de la crisis económica y la disminución de la actividad, por el desmedido uso del vehículo particular; o por la aparición de nuevas fórmulas de competencia dudosa, a través de plataformas de internet.
La Junta de Castilla y León ha apostado siempre por fomentar el transporte regular, favoreciendo que éste llegase a todas y cada una de las localidades de la comunidad, y añadiendo a las tradicionales líneas fórmulas innovadoras, como el transporte a la demanda (modelo que ha sido copiado por otros países), y el transporte metropolitano (implantado en varias capitales de provincia).
Para lograr que esa amplia red de transporte llegue a todo el territorio, y con ello los habitantes castellano y leoneses tengan cubiertas sus necesidades de movilidad, la administración regional debe garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos previamente con los operadores, dentro de los plazos correspondientes, sin demoras de ningún tipo, que puedan poner en peligro la propia supervivencia de las empresas. Estos consorcios están cumpliendo día a día con su obligación de transportar a los ciudadanos; por tanto, es necesario que éstos perciban de la administración en tiempo y forma las cantidades acordadas.
La importancia del Sector para garantizar el derecho a la educación de todos los niños distantes a los colegios e institutos, a través el transporte escolar, es grande. En Castilla y León, a diario se trasladan cerca de cuarenta mil alumnos a los distintos centros de enseñanza, distribuidos por toda la geografía regional, en las casi dos mil rutas financiadas por la Consejería de Educación, más las contratadas por los centros privados de enseñanza.
