Los distintos gobiernos españoles siguen empeñándose en potenciar el ferrocarril (alta velocidad en concreto) pese a las grandes sumas de dinero ya invertidas y que las líneas sean deficitarias. Una nueva gran inversión ha destapado ciertas dudas por parte de Europa respecto a su utilidad relación precio-necesidades.
La Comisión Europea ha comenzado una investigación pormenorizada con el fin de examinar si la financiación pública a un centro de ensayos de trenes de alta velocidad y equipos afines (Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria, CEATF) cerca de Málaga es compatible con las normas de ayudas estatales de la UE. Los costes del proyecto, 358,6 millones de euros, serían sufragados íntegramente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y España. A día de hoy, la Comisión alberga dudas sobre si el proyecto persigue un objetivo de interés general genuino. La apertura de un análisis detallado ofrece a las partes interesadas la oportunidad de formular sus observaciones y no prejuzga los resultados consiguientes.
En septiembre de 2013, las autoridades españolas comunicaron a la Comisión su intención de adjudicar ayudas a la construcción de un circuito ferroviario en el que los fabricantes podrían ejecutar pruebas con trenes de alta velocidad y equipos afines a velocidades de hasta 520 km/h. Se ha previsto que la financiación pública cubra íntegramente los costes de inversión, que ascienden a 358,6 millones de euros. El grueso de la financiación procedería del FEDER y el resto del presupuesto español.
La Comisión evaluó el proyecto en virtud de la reglamentación en materia de ayudas públicas destinadas a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). La indagación inicial ha puesto de manifiesto que la demanda de ese tipo de centros de ensayos ferroviarios es escasa; siendo la oposición de la sociedad bastante enérgica, especialmente por cuestiones ecológicas; se considera por lo tanto dudoso que el proyecto persiga un objetivo de interés general. La Comisión duda también que la medida pueda conceder al CEATF una ventaja selectiva con respecto a otros centros de ensayo de trenes de alta velocidad en la UE, que funcionan sin ayuda estatal.
Además, la información facilitada hasta ahora por España es insuficiente para determinar si la infraestructura del CEATF estaría realmente a disposición de todos los usuarios potenciales de la UE en condiciones de acceso abierto y no discriminatorio. Las previsiones que se manejan en estos momentos indican también que el proyecto será predominantemente deficitario, y no está claro que la financiación pública del proyecto de CEATF vaya a suponer un estímulo para que los inversores privados aporten financiación complementaria y compartan los riesgos del proyecto. La ausencia de inversores privados acarrearía que previsiblemente no se cumpla la intensidad máxima de ayuda, es decir, la proporción de los costes de inversión subvencionables con arreglo a las normas sobre ayudas estatales en materia de apoyo público destinado a infraestructura de investigación.
