Tras diversos encuentros con la Consejería de Fomento y con la agencia andaluza de Educación, en las que se ha solicitado de forma reiterada que se plantee un serio control de bajas temerarias, una modificación del sistema tarifario de los contratos, y así como primar la calidad y la seguridad en el transporte escolar frente a criterios económicos. Fedrintra argumenta que no ha habido respuesta a “cuestiones que para las empresas andaluzas del transporte consideramos básicas y necesarias para el buen funcionamiento y la seguridad de los viajeros en Andalucía”, por lo que se plantean iniciar una serie de movilizaciones.
“Exigimos una base mínima de costes reales de cada ruta o lote de transporte adjudicado, ya que si esto no se cumple, no se puede garantizar la eficaz prestación del servicio por su degradación económica y consideramos que, sobre todo, deben primar los parámetros de calidad y seguridad”, ha señalado el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez. Además en este sentido, el Sector reclama un elemento limitador de las bajas temerarias y desproporcionadas, “ya que lo único que fomentan es perjudicar a los trabajadores, y a la calidad del servicio. No es posible ofrecer algunos precios, sin que el contrato del conductor se establezca fuera de los convenios”, ha asegurado Vázquez.
Unidad de costes y expediente único de contratación
Esta Federación pretende que se establezca una unidad de costes, que debería fijarse en torno a una unidad mínima de tiempo por ruta, respecto a los costes que no son directamente variables y que se modulan por kilómetro recorrido. Con especial incidencia en el coste laboral, donde debería cifrarse una jornada mínima del 50% por trabajador afecto al servicio, en aras de la calidad del empleo, la mejora social, la seguridad y la formación del trabajador.
Por otro lado, sería muy conveniente para la seguridad jurídica la existencia de un expediente único de contratación para toda la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser posible, por las diferentes peculiaridades en cada provincia, que sí existiese una coordinación real y efectiva en la adjudicación en la contratación en los diferentes expedientes provinciales, concluyen desde la Federación.
