El pasado jueves 20 de febrero de 2020 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Aduanas de Feteia-Oltra, que supuso el estreno de José Manuel González como presidente y de Martín Fernández como secretario de la misma, y contó con la asistencia de representantes de las ATEIAs de Bahía de Algeciras, Barcelona, Vizcaya, Cádiz, Guipúzcoa, Girona, Madrid y Valencia, así como de Enric Ticó y Blanca Guitart, presidente y directora de la Federación, respectivamente.
En dicha reunión se llevó a cabo un análisis de la actividad de las empresas asociadas, comprobando la existencia de un elevado número de trámites aduaneros de los que resultó “una litigiosidad prácticamente inexistente”, lo que muestra el elevado estándar de calidad en la prestación del servicio.
Se acordó iniciar una ronda de contactos con diferentes Administraciones encargadas de las inspecciones para tratar de resolver ineficiencias detectadas
Asimismo, se acordó iniciar una ronda de contactos con diferentes Administraciones encargadas de las inspecciones para tratar de resolver ineficiencias detectadas, con el doble objetivo de obtener una mayor seguridad jurídica y la facilitación del comercio. En línea con lo anterior, se va a solicitar al Departamento de Aduanas información sobre los volúmenes de operaciones aduaneras por las distintas Aduanas del Estado español, referidas a número de DUAs, importación, exportación y tipos de mercancías.
Los asistentes también confirmaron su compromiso de participar en la exploración de propuestas tecnológicas para la mejora en la realización de trámites aduaneros, en particular en relación con el empleo de la tecnología blockchain, en plena colaboración con el grupo de Nuevas Tecnologías creado recientemente.
Por otra parte, mantiene su exigencia de igualdad de trato y no discriminación con respecto a otros colectivos de asesores, de modo que se elimine su obligación de responder por la deuda tributaria de sus clientes.
Por último, se acordó mantener las gestiones con entidades europeas, en la búsqueda de la mayor armonización en la aplicación de la normativa de la Unión, evitando con ello posibles distorsiones en la realización de controles en los diferentes Estados miembros que generaría situaciones de discriminación y, en consecuencia, pérdida de competitividad.