La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha recordado que, entre las novedades más controvertidas incluidas en el nuevo ROTT, que entró en vigor en febrero del pasado año, se encuentra la nueva regulación sobre el requisito de honorabilidad, que conforme a la normativa europea se considera uno de los cuatro requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad del transporte por carretera.
En desarrollo de tal previsión comunitaria, el nuevo ROTT reguló los supuestos en que se puede perder el requisito de honorabilidad y las consecuencias de dicha pérdida. Así, entre los supuestos de pérdida se encuentra que la empresa transportista haya sido sancionada en vía administrativa por la comisión de una sola de un catálogo de 21 infracciones muy graves, aunque algunas de ellas no sean imputables a la empresa transportista, o bien de aquellas graves o menos graves cuyo Índice de Reiteración Infractora (IRI) alcance un valor igual o superior a tres. De hecho, desde su entrada en vigor, son decenas de miles las notificaciones de comunicación de pérdida de la honorabilidad que los servicios territoriales de inspección de las Comunidades autónomas han venido dirigiendo tanto a las empresas transportistas como a sus gestores, según la patronal española.
Dicha regulación no ha estado exenta de sucesivos cuestionamientos desde diferentes ámbitos judiciales y administrativos
Las consecuencias de la pérdida de la honorabilidad son, además de la inhabilitación del gestor de transporte de la empresa transportista, la suspensión temporal de las autorizaciones de transporte, lo que en la práctica supone la paralización de la actividad de la empresa con la consiguiente pérdida de clientes, despido de trabajadores y quebranto económico.
Sin embargo, dicha regulación no ha estado exenta de sucesivos cuestionamientos desde diferentes ámbitos judiciales y administrativos, incluso antes de su aprobación, como fue el caso del Consejo de Estado que cuestionó algunos aspectos de la nueva regulación. De hecho, el Ministerio de Transportes, mediante una reforma exprés del nuevo ROTT a finales del año pasado, procedió a eliminar uno de los aspectos más controvertidos y lesivos que contenía la nueva regulación sobre pérdida de honorabilidad, en concreto, la relativa a la duración del periodo temporal de suspensión de las autorizaciones de transporte, que variaba en función del año en que se decretara tal suspensión. Así, si la pérdida de honorabilidad se producía en año par, esto es, coincidiendo con el año en que corresponde a las empresas de transporte público de mercancías hacer el visado de las autorizaciones de transporte, la suspensión se convertía en indefinida; si por el contrario, se producía en año impar, la suspensión se limitaba a un periodo máximo de un año.
Nueva suspensión
Ahora ha sido el turno del Tribunal Supremo el cual, admitiendo el recurso presentado en su día por Fenadismer, junto con otras organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera,
ha declarado nulo la regulación contenida en el nuevo ROTT sobre el procedimiento establecido para decretar la pérdida del requisito de honorabilidad, al resultar contrario a derecho "por la incorrecta trasposición" del Reglamento europeo que regula dicho requisito.
La sentencia, que anula un precepto entero del nuevo ROTT, señala que el procedimiento establecido se limita a un simple trámite de alegaciones, sin garantía alguna para el administrado, cuando
debería haberse regulado un procedimiento administrativo completo. En palabras del propio Tribunal recogidas en la sentencia, "por ello, hay que concluir que la finalidad de la exigencia del procedimiento administrativo completo tras la imposición de la sanción no puede ser sino el deseo que haya un procedimiento cuyo objeto específico sea precisamente la comprobación de si la pérdida de la honorabilidad es o no proporcionada".
Fenadismer ha explicado que, en consecuencia, a partir de este momento todos los procedimientos sobre pérdida de honorabilidad tramitados por las Comunidades autónomas y por el propio Ministerio quedarán sin efecto y sin posibilidad de tramitar nuevos procedimientos, lo que, según la patronal,
obligará al Gobierno a tramitar un nuevo proyecto legal acorde con el contenido de la sentencia dictada por el Alto Tribunal.
