La PMcM ha conseguido reunir en su Asamblea Abierta, llevada a cabo la semana pasada, a más de 100 asociaciones empresariales, con las que ha convenido emprender de inmediato diversas acciones ante la inoperancia del Gobierno en materia de impagos a proveedores por parte del sector privado con el objetivo de que cumpla los compromisos adquiridos. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el éxito de la convocatoria pone de manifiesto la necesidad imperiosa de acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y que desde el inicio de la crisis se ha cobrado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido; solo con nuestra unión podremos cambiar esta injusticia y demostrar que los empresarios no estamos dispuestos a que los intereses de unos pocos perjudiquen a los de todos”.
En el encuentro multisectorial se ha decidido que se elaborará un documento formal mediante el cual se informará de una manera personalizada a cada empresa morosa del IBEX sobre sus pagos a proveedores que superan los plazos legales. Estos informes relativos a las empresas del IBEX se trasladarán al Gobierno y si éste no acomete medidas reales inminentes que frenen los plazos abusivos de las grandes compañías, los documentos se remitirán a la Unión Europea para su conocimiento, institución a la que la PMcM ya trasladó hace unos meses la inoperancia del Gobierno en el ámbito privado.
Asimismo, se solicitará a los partidos políticos en una reunión en el Congreso de los Diputados el próximo 14 de octubre que incluyan en sus programas electorales medidas concretas de lucha contra la morosidad. “Será una movilización de la PMcM y de los presidentes de las asociaciones empresariales de nuestro país. Al Gobierno le exigiremos acciones y que nos explique por qué no ha cumplido los compromisos adquiridos, y al resto de grupos políticos les pediremos una ratificación de sus compromisos ante las elecciones generales. Se trata de un acto reivindicativo, no de exposición de propuestas o peticiones. Ya no dialogamos, reivindicamos”, explica Cañete.
Penalización
Entre otras medidas, destaca la creación de un régimen sancionador que penalice a las empresas morosas, la agilización de la recuperación del IVA no cobrado y la puesta en marcha de un sistema que detecte automáticamente a las empresas morosas. “De llevarse a cabo estas medidas sin duda se reduciría la morosidad”, asegura Cañete. Según los últimos datos recabados por la PMcM, durante el primer semestre del año el 74% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010.
En 2014, el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 el año pasado, frente a los 60 legales, de acuerdo al informe anual de la PMcM. Mientras, el sector público mejoró sus plazos de pago reduciéndose un 26%, esto es, de 111 días en 2013 a 82 en 2014), cifra que aun así casi triplicaba el máximo legal (30 días).
Modificación de la Ley de Contratación Pública
Durante la Asamblea Abierta también se informó del estado de los avances acontecidos desde la firma en febrero del Manifiesto de “Tolerancia Cero” frente a la Morosidad (propuesto por la PMcM), como el anuncio reciente, por parte del Gobierno, sobre la “posibilidad” de penalizar a las grandes empresas en el acceso a los contratos públicos si éstas no tienen al día sus pagos a proveedores, “un paso positivo que va en la buena dirección”, señala Cañete.
No obstante, la medida necesita una modificación para ser efectiva, esto es, “que sea imperativa en vez de potestativa, porque deja una puerta abierta a que sea la propia Administración Pública la que seleccione a una empresa u a otra en función de si quiere o no aplicar la nueva normativa, por lo que su aplicación puede ser más bien testimonial”, aclara. Ante esta situación, “la PMcM estará atenta a si, a pesar de la modificación de la Ley de Contratación Pública, las Administraciones Públicas continúan contratando a determinadas grandes compañías, que con los informes en la mano que realizaremos sabremos que éstas no pagan a sus proveedores; así veremos la sensibilidad que tienen las instituciones públicas ante esta lacra”, añade.
Si por el contrario la Administración Pública comienza a acometer esta medida con celeridad, el presidente de la PMcM vaticina que “podríamos estar frente a un grave problema para acceder a la contratación pública, ya que gran parte de las grandes compañías son morosas”.
