La falta de actualización en las bases de cotización durante el régimen transitorio amenaza con precarizar la jubilación y las prestaciones de miles de autónomos del sector
El nuevo sistema de cotización para autónomos implantado en 2023 ha dejado una trampa oculta que afecta especialmente a los transportistas: quienes decidieron mantener su base de cotización más alta, acogidos a una opción permitida por la nueva normativa, ahora ven cómo esta cantidad queda congelada durante los 9 años del periodo transitorio. Esto, en la práctica, supone una merma progresiva del poder adquisitivo que puede superar el 30%.
Una medida que castiga el esfuerzo previo
Las federaciones nacionales Fenadismer y Fetransa han denunciado esta situación como “inadmisible” y exigen al Gobierno que, en el marco de la revisión del sistema prevista para este 2025, se corrija el vacío que impide actualizar dichas cotizaciones conforme al IPC.
Ambas organizaciones recuerdan que esta opción fue asumida principalmente por transportistas de mayor edad, que realizaron un esfuerzo adicional durante años para cotizar más y garantizarse unas prestaciones dignas. Ahora, esa decisión podría volverse en su contra.
Según sus estimaciones, alrededor de 50.000 transportistas autónomos están afectados por esta congelación de facto, sin contar los miles de profesionales de otros sectores que también optaron por mantener su base de cotización anterior al nuevo sistema.
Riesgos para las pensiones y otras prestaciones
El perjuicio no es menor: las consecuencias pueden traducirse en pensiones de jubilación o invalidez sensiblemente reducidas, así como en menores prestaciones por viudedad. La reforma, tal como está diseñada, vulnera la planificación económica y social de quienes ya habían establecido sus aportaciones con un horizonte de largo plazo.
Por eso, Fenadismer y Fetransa urgen al Ejecutivo a garantizar dos cuestiones clave: que las cotizaciones se actualicen anualmente con la inflación, y que se permita mantener este régimen excepcional durante los nueve años transitorios.
La revisión del sistema, prevista en el calendario normativo cada tres años, debe convertirse en una oportunidad para corregir una medida que, de mantenerse, “convertirá en papel mojado los esfuerzos de miles de autónomos”.
