La primera intervención corrió a cargo del Magistrado Manuel Marchena, Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien se refirió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en relación a aspectos relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En la segunda intervención, el Magistrado José Antonio Montero de la Sala Tercera del Tribunal Supremo profundizó sobre el cumplimiento fiscal y el secreto profesional en el marco de la Directiva 2018/822 sobre intercambio de información fiscal en operaciones transfronterizas.
España estableció la responsabilidad penal de las empresas
La jornada finalizó con una interesante mesa redonda sobre la incidencia del Compliance en el campo mercantil y penal, y las nuevas obligaciones para la obtención de los Fondos UE Next Generation, que contó con la participación de María Massó, socia de Baker Mckenzie; Manuel Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid; y Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
En el transcurso de la celebración, se trataron otros temas como la evolución que sufre la normativa así como la jurisprudencia tras la implantación del concepto de responsabilidad penal de personas jurídicas. Dejando de lado el conocido “societas delinquere non potest”, la legislación patente en España se ha ido incorporando tras la actualización del Código Penal en 2010, estableciendo la responsabilidad penal de las empresas.
Largo camino legal
Aún queda mucho camino por recorrer para que los elementos clave de la aplicación se basen en la presencia de un oficial de cumplimiento como base de la compañía, el diseño de mapas de riesgos y la estandarización de los procedimientos de auditoría y verificación e incluso la adopción de la norma UNE19601 . Básicamente de dos formas, esbozar estándares de cumplimiento para las PYME e integrar aspectos legales clave mediante la acumulación de un alcance general de jurisprudencia, sería una de ellas.
Sin embargo, se han encontrado mejoras en el diseño del programa de cumplimiento, pasando de la cobertura defensiva del equipo directivo a la realización de su función preventiva, mientras que el mapa de riesgos se adapta mejor para acomodar de manera efectiva posibles incumplimientos en función de las diferentes características de la compañía.
Finalmente, como criterio general, el "beneficiario final" se concibe como el principio de determinación de la responsabilidad, distinguiendo entre situaciones en las que la "empresa" obtiene un beneficio directo de una actividad, acciones difíciles y situaciones en las que la "persona" explota con el propósito de ganancia personal Negocio. La división de responsabilidades sigue siendo complicada cuando tanto las empresas como los particulares se benefician del delito.
La legislación irá a seguir evolucionando pues los procesos de unificación Legislación y procedimiento responsable de este que lleva a cabo la Unión Europea pretende ser una transacción común, mientras que jurídicas diferentes y en el caso específico de España, la obsolescencia procedimiento derecho.
