Indicó que el Gobierno central está reduciendo un 47% las rutas; las paradas, un 53%; las expediciones anuales, un 35%; y a dejar el 74% de los ayuntamientos sin parada, suponiendo la desconexión de 3 millones de personas en toda España. Concretó que 23 ayuntamientos gallegos quedan sin autobús estatal, es decir, más de 136.000 ciudadanos perjudicados. La mayoría de municipios son pequeños, como O Corgo, Riós o Forcarei, pero quedan fuera poblaciones que superan los 15.000 habitantes como Lalín o Tui y ayuntamientos por los que discurre el Camino como Palas de Rei o Melide, en pleno Xacobeo. Lamentó que la reorganización estatal también supone que más de 1.100 rutas dejan de prestarse de manera directa, así que sus usuarios están obligados a hacer trasbordos.
Añadió que Galicia va a perder 507 tráficos con Castilla y León y Asturias, las dos comunidades autónomas, junto con Madrid, con las que más conexión se mantiene; y más de 20.000 viajeros al año quedan sin autobús directo a Bilbao y San Sebastián y otros 19.000 tampoco tendrán conexión directa con Barcelona.
Criticó que el plan no contempla las particularidades gallegas como la dispersión, ignorando que para muchas personas, el transporte público es el único medio de acceso a los servicios esenciales.
Remarcó que este sistema condena al rural a una pérdida radical de servicios y de conectividad en transporte público, ahondando en la desigualdad entre territorios y en la despoblación.
Además el Gobierno central traspasa a las comunidades la responsabilidad de suplir los servicios que eliminan en el nuevo mapa concesional, es decir, el Gobierno pretende que sea la Xunta a que cubra las carencias provocadas. La conselleira calificó de abuso “el hecho de que el Gobierno pretenda emplear las comunidades como escudo, y destacó que el Ministerio, en materia de movilidad, está “colapsado”.
Apuesta de la Xunta por el transporte público
La conselleira contrapuso este agravio originado por el Gobierno central con la apuesta de la Xunta por el transporte público, con una renovación completa de las concesiones del transporte interurbano que supuso llevar el autobús donde antes no llegaba. Destacó que el transporte público en Galicia no es un negocio rentable, como tampoco lo son la sanidad y la educación, por eso se sustentan con fondos públicos, porque son servicios esenciales para los ciudadanos.
A este respecto, hizo hincapié en que el Gobierno gallego destina 80 M€ cada año para garantizar que los gallegos tengan servicios de transporte público de calidad. Concretó que este presupuesto posibilitó la implantación de nuevas modalidades como el transporte compartido y la demanda, la activación de una política tarifaria uniforme y económica, el incremento en un 160% del número de paradas y casi en un 100% las expediciones con respecto a 2016.La Xunta también sigue fomentando el empleo del transporte público entre los más jóvenes con la implantación de la tarjeta Xente Nova, con la que más de 112.000 menores de 21 años ya viajan gratis en todas las líneas de autobús de competencia autonómica.
