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La AOP reitera su disconformidad con el nuevo gravamen energético

La Organización advierte del riesgo de una doble imposición con el Impuesto sobre Sociedades de un tributo que erosionará la competitividad del sector del refino

martes 22 de noviembre de 2022, 07:00h
Juan Antonio Carrillo
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Juan Antonio Carrillo

La Asocición ha expresado su oposición ante el nuevo tributo temporal y recuerda que no se han corregido sus importantes problemas previos

Tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación, y su avocación a Pleno del Congreso de la Proposición de Ley para el establecimiento de un gravamen temporal energético, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha manifestado de nuevo su disconformidad con el planteamiento del mismo. Siguiendo está línea, lamenta que no se hayan abordado ni corregido algunos de los importantes problemas señalados en el planteamiento y puesta en marcha de esta nueva. AOP ya expresó las críticas al impuesto, motivadas por la falta de justificación real, los problemas en su planteamiento y los errores que derivarían de su aplicación, tal y como está configurado.

Consecuencias preocupantes

Por otra parte, ha incidido en las preocupantes consecuencias que podrían derivarse de la puesta en marcha del citado tributo, que obligará a detraer recursos que hoy se dirigen a investigar e invertir en nuevas tecnologías que contribuyan a descarbonizar los productos y a mejorar la eficiencia energética de los procesos. Una merma de sus recursos podría comprometer, en especial, las inversiones para alcanzar la neutralidad climática a la que se han comprometido España y Europa.

No es la primera vez


AOP lleva tiempo alertando a sus asociados de la incidencia de estos nuevos gravámenes

Además, AOP ha señalado la grave afectación a un sector estratégico para la economía española, como es el refino, tal y como ha reconocido el Gobierno en el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), al recordar que el sistema de refino español “se puede considerar único en Europa” por su “gran flexibilidad para adaptarse a todo tipo de situaciones, permitiendo a los agentes del mercado abastecerse [de crudo] de distintos orígenes”. Esto se debe a las inversiones que se realizaron entre 2008 y 2012, que alcanzaron casi los 7.000 millones de euros y permiten que hoy España tenga el suministro de combustibles garantizado, situación que puede verse comprometida con la puesta en marcha de nuevas cargas fiscales. En este sentido, el sector del refino lamenta la oportunidad perdida que ha supuesto la tramitación parlamentaria de la norma en Comisión.

Doble imposición en el Impuesto de Sociedades

De hecho, se mantienen relevantes incongruencias e inoportunidades señaladas de inicio por la propia Asociación. Entre otras, incide en el riesgo de doble imposición con el Impuesto sobre Sociedades, los errores en la definición de la base imponible o los ingresos obtenidos de otras actividades no energéticas, como las ventas de productos distintos del combustible en las estaciones de servicio. Tampoco se incluyen medidas que incentiven las inversiones necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía y para garantizar el aprovisionamiento en la UE, deduciendo del gravamen la realización de inversiones, o el compromiso de realizarlas en el futuro (2022-2027) mediante planes de inversiones, destinadas a la descarbonización y a la transición energética. En definitiva, con esta figura impositiva se castiga a un sector clave y especialmente estratégico en la coyuntura geopolítica actual, mermando su competitividad y comprometiendo sus inversiones en la descarbonización y en la transición energética.

Inversiones en riesgo para el proceso de descarbonización

La AOP está compuesta por una serie de compañías energéticas (BP, Cepsa, Eni, Galp, Gunvor, Repsol y Saras) que operan en España en los sectores de refino, distribución y comercialización de productos petrolíferos. Constituida en 1993, tiene como objetivo defender los intereses generales de sus asociados ante la liberalización del mercado de productos petrolíferos, la competencia entre operadores y la posibilidad de elegir para los consumidores.

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