En un comunicado conjunto, Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI instan al Gobierno a “adoptar medidas adicionales que contribuyan al objetivo”, puesto que estamos ante “problema muy grave, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma”.
Las prácticas fraudulentas generan competencia desleal y afectan a los consumidores y a las arcas públicas
Las entidades reclaman “mayor determinación y nuevas medidas para perseguir y erradicar el fraude que tanto dañan al sector y a la sociedad”, recordando que son muchas las ocasiones anteriores en las que han denunciado “la proliferación de prácticas fraudulentas por incumplimiento de obligaciones sectoriales, como la de incorporación de biocarburantes, o de obligaciones fiscales, principalmente el IVA, ocasionando problemas de competencia desleal en el sector, así como para las arcas públicas, y los consumidores finales y la apuesta por la descarbonización de la economía”.
La prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor es “una buna solución”, al igual que “la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy graves, como sería, por ejemplo, el incumplimiento de sus obligaciones de venta o consumo de biocarburantes”, aunque para ser eficaz requeriría “que se mejoren los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones y se agilicen los procesos de inhabilitación de los operadores incumplidores”.
Impulso a la Orden ministerial
En esa misma línea, las seis Organizaciones esperan que se agilice la aprobación de la Orden ministerial “que incrementa la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte, pasando a verificaciones trimestrales frente a las anuales actuales, y amplía el seguimiento e incrementa las cuantías de los pagos compensatorios ordenados a aquellas empresas que no incorporen el porcentaje mínimo de biocombustibles establecido”.
El RDL 8/2023 es aceptado como “buen punto de partida”, que debería servir a la Administración para “seguir avanzando en esa dirección”. Las Organizaciones reconocen estar “trabajando en una batería de medidas que abordan desde el ámbito fiscal, fundamentalmente para garantizar el ingreso del IVA, y medioambiental, hasta el de importación y el control administrativo, pasando por el del ejercicio de la actividad”, que pondrán a disposición de la Administración.
