El uso del tacógrafo protagoniza la protesta
El motivo de estas movilizaciones es la negligencia mostrada hasta ahora por los gobiernos locales a las legítimas demandas que han realizado en los últimos años, especialmente en lo que se refiere al uso de tacógrafos en los territorios insulares. Cabe recordar que desde 2010 los tacógrafos son obligatorios en todas las Islas Canarias y Baleares, según un Real Decreto aprobado por el Gobierno Central a finales de 2009 tras un acuerdo con el autogobierno de las dos islas. Sí se modificó la normativa existente anterior para exigir únicamente el uso en las islas más grandes.
Desde Fenadismer informan que "tal criterio se ha mantenido este año tras la aprobación el pasado mes de Septiembre del nuevo Real Decreto 729/2022 de actualización de las actividades de transporte por carretera exceptuadas de la utilización del aparato tacógrafo, en desarrollo del nuevo Reglamento europeo sobre tiempos de conducción y descanso incluido en el Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea en Julio de 2020, y ello pese a que la normativa europea permite excepcionar su uso del tacógrafo a los transportes realizados que discurran íntegramente por islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados".
Quejas hacia el Gobierno
La principal queja de los transportistas canarios es que la necesidad obligatoria del tacógrafo para los envíos que se realizan en el territorio de la isla, por su reducido tamaño, solo genera dificultades burocráticas e inversiones para los transportistas independientes e insulares, mientras que estas empresas son indebidamente problemáticas o no cumple con las reglas anteriores, porque las distancias recorridas son tan cortas que el tiempo de conducción es muy limitado, y está probado que la obligación de usar tacógrafos en la isla no previene accidentes o infracciones, sino que es solo una sanción, normalmente impuesto por un efecto de colección.
Otras quejas presentadas por el transportista canario fueron que no se podían realizar las inspecciones periódicas de los vehículos frigoríficos ATP debido a la ausencia de túneles de frío en todo el archipiélago, por lo que el transportista canario tuvo que ser eximido temporalmente de estas inspecciones para evitar que los camiones al entrar fueran detenidos. Finalmente, pidieron al parlamento regional que apruebe leyes que extiendan los incentivos para que Canarias imponga un impuesto especial sobre los combustibles del 99% a las aerolíneas en 2023, ya que se espera que los precios se mantengan altos durante mucho tiempo en medio del conflicto y la guerra en Europa.
Espera que el Gobierno regional convoque a las asociaciones de transporte más representativas de Canarias, incluida Astracan-Fenadismer, en los próximos días para abordar estos temas y promete presentar medidas concretas en las próximas semanas.
